Una de las preocupaciones del Comité son las implicaciones del estado de excepción y sus implicaciones en el cierre de espacios de participación y diálogo a nivel nacional, la persecución del trabajo de defensores de derechos humanos, el ejercicio de la protesta social, así como las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
Otro de los elementos que enciende las alarmas para un cumplimiento efectivo de los DESC es la falta de independencia entre los órganos judicial, ejecutivo y legislativo, pese a su proclamación constitucional. La preocupación por la institucionalidad salvadoreña se amplifica al considerar diversas reformas legales que se han aprobado en los últimos años y que presentan incompatibilidades con los principios de independencia del aparato judicial y de la Fiscalía General de la República.
La débil aplicación de las regulaciones ambientales vigentes que provoca que diferentes proyectos y actividades económica afecten negativamente la calidad del suelo, el aire y el agua, perjudicando así la salud de las personas y el medio ambiente. Al mismo tiempo los jueces y tribunales carecen de las herramientas y el respaldo necesario para implementar medidas legales y administrativas en materia ambiental.
De igual forma, el Comité se mostró preocupado porque en El Salvador se erradique cualquier forma de discriminación particularmente contra la niñez y adolescencia, las mujeres, los pueblos indígenas, la población rural, la población LGBTIQ+ o las personas con discapacidad.
El informe en cuestión también destaca la urgente necesidad de que el Estado garantice los derechos a un trabajo en condiciones dignas, justas y favorables; sindicales; a la alimentación; a la educación; a la salud física y mental; a una vivienda digna; al agua y saneamiento; así como los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres.
Por si fuera poca cosa, en el informe también se levantan las alertas en materia fiscal, ya que un compromiso estatal en esta materia es realizar el máximo esfuerzo posible para incrementar los recursos financieros disponibles para la implementación de los DESC, sin embargo, la recaudación continúa por debajo de los niveles suficientes para lograrlo y sigue basada en una estructura regresiva en la que las personas pobres contribuyen más al financiamiento de lo público, proporcionalmente hablando.
El contenido de los párrafos anteriores evidencia que en nuestro país los derechos humanos están en una situación de emergencia. El contexto nacional se ha constituido en un entorno que menoscaba las posibilidades de avanzar en la garantía de los DESC y promover el desarrollo y bienestar del país, pero sobre todo de las personas. La dimensión de esta emergencia se magnifica al considerar que la entidad nacional responsable - de su promoción y defensa la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos- ha ido perdiendo de manera acelerada y sistemática su independencia, y guarda silencio frente a las diferentes violaciones y vulneraciones de derechos humanos que se observan día a día. Por ello nos toca a todos y todas seguir denunciando y exigiendo la garantía de los derechos humanos de todas las personas, solo así podremos construir un Estado que, en lugar de proteger privilegios, garantice derechos.