El segundo de los hechos ocurrió en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adoptó una resolución para la promoción de una convención marco para una cooperación internacional inclusiva y eficaz en cuestiones de tributación. Palabras y términos demasiado técnicos, mucho menos vistosos y atractivos para la prensa internacional y la ciudadanía, pero que representan un primer paso para que a nivel mundial se empiecen a discutir acuerdos para transformar la forma en la que se financian los Estados y sus presupuestos y avanzar hacia un sistema tributario global más justo, sostenible y moderno. Hasta la fecha estas discusiones han sido dominadas por la OCDE que representa la voz y los intereses de los países más ricos del mundo, y si bien se han logrado algunos avances, estos aún son insuficientes para enfrentar desafíos con implicaciones nacionales e internacionales como la elusión y evasión fiscal.
Ambos hechos muestran que, en el mundo, tanto de manera individual como colectiva, los países están discutiendo alternativas para fortalecer la forma en los que se cobran los impuestos, no solo desde una perspectiva de eficiencia administrativa, sino también para que los sistemas tributarios sean más equitativos y progresivos -para que quien gane más, proporcionalmente pague más- y se conviertan en una herramienta para financiar el desarrollo sostenible, la reducción de las desigualdades y la garantía de derechos.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿y El Salvador está haciendo algo en la materia? Lo que mejor refleja la postura del gobierno salvadoreño es lo sucedido en la votación en Naciones Unidas. La resolución sobre una convención marco en tributación fue aprobada por una inmensa mayoría, 125 países votaron a favor; 48 en contra, entre ellos Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y algunos paraísos fiscales; y 9 se abstuvieron, El Salvador estuvo entre esas abstenciones. Esta abstención representa la falta de acción en la materia.
En el discurso oficial, la administración Bukele ha expresado un compromiso para combatir la evasión de impuestos. Sin embargo, hasta el momento, el Plan Antievasión, iniciado en 2019, sigue conocerse y se ha mantenido en reserva. Aunque el Ministerio de Hacienda ha presentado avisos a la fiscalía por presuntos delitos fiscales, no hay información disponible sobre cuántos de estos casos han sido investigados y procesados, así como sobre la cantidad de recursos recuperados por el Estado salvadoreño.
Paralelamente, se han aprobado amnistías fiscales que perdonan multas e intereses a los deudores de Hacienda. Esta medida contrasta con la retórica gubernamental de combatir la evasión.
Adicionalmente, se observa una persistencia notable por parte del gobierno salvadoreño en canalizar esfuerzos y recursos hacia el Bitcóin, una medida que, desde su adopción, ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de convertir al país en un paraíso fiscal y facilitar el lavado de dinero. Además, el gobierno Bukele ha desaprovechado su considerable capital político al no presentar ninguna reforma tributaria progresiva.
De este modo, El Salvador, una vez más, se queda rezagado en las discusiones estructurales que verdaderamente permitirían transformar el país, más allá de unas luces bonitas o de un presidente cool.