El señor fiscal general de la República, licenciado Rodolfo Delgado Montes, manifestó en la comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, el martes pasado, que según registros de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2013 a la fecha son más de 31,652 prófugos de la justicia, son personas que ya se encuentran en una categoría donde han sido declaradas como imputados ausentes, en estado de rebeldía o que ya no se presentaron a la siguiente etapa del proceso, todo esto nos lleva a la evidencia de una de los aspectos que ha generado impunidad en El Salvador en una serie de delitos, sin dejar de lado que hay casos donde la corrupción ha sido un paso previo para escapar de la justicia.
En El Salvador hay suficientes casos que son también evidencia de imputados que se les anticipó que serían condenados y ya no se presentaron, por supuesto que estos favores no fueron por ser amigos, había dinero de por medio, en redes corruptas instaladas en el sistema, lideradas por defensores penalistas, pero que también operaban en otras áreas del derecho y a todo nivel.
Con las reformas aprobadas se podrá continuar el proceso con imputados e imputadas ausentes, ya sea porque no fueron capturados, no se presentaron a las audiencias, o escaparon del país. Estos datos no incluyen registros desde 1998 que fue la reforma de los códigos penales. Estas medidas de los imputados muchas veces asesorados por su defensa han provocado estancamiento, que se archiven casos, pero los costos para el Estado no se pararon, los funcionarios de todas las instituciones se presentaron, efectuaron diligencias y peritajes, pero la ansiada y cumplida justicia no llegó, y los principales afectados son las víctimas.
Estas reformas son fundamentales y se convierten en decisiones estratégicas, y en mi apreciación valientes, por que ponen fin a una serie de tácticas para evadir la justicia, ahora el proceso va a continuar, que más evidencia que la o las personas renuncian a su derecho de defensa porque prefieren que se archive y lograr la tan anhelada prescripción.
Por supuesto que la Fiscalía tendrá que presentar toda las pruebas y evidencias para lograr las condenas, y los tribunales deberán resolver sin son culpables o inocentes. Aunque escapen de El Salvador, la condena llegará y tendrán que estar pendientes de extradiciones o morir desterrados de su verdadera tierra.
La corrupción y su hermana siamesa la impunidad, reciben un certero golpe en El Salvador. Son grandes avances, por supuesto que se necesita en mi opinión una revisión integral del Código Penal y Procesal Penal que lleve posiblemente a nuevos códigos y no solo reformas, que estén acordes a nuestra realidad actual del Estado salvadoreño.