En este recién iniciado 2025 se cumplen 45 años del asesinato de muchísimas personas a manos de las fuerzas gubernamentales represoras, mal llamadas “cuerpos de seguridad”, y de los tentáculos del monstruo estatal criminal entre los cuales destacaban los escuadrones de la muerte. También hubo muertes violentas similares ‒menos, pero del todo condenables‒ atribuidas a los grupos guerrilleros que en octubre de 1980 formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Según la Comisión de la Verdad para El Salvador, el Socorro Jurídico Cristiano reportó que la suma anual de víctimas mortales entonces fue de casi 12 000 y la matazón creció en 1981 superando las 16 000. Entre ese maremágnum de sangre y dolor la lista de personalidades políticas, empresariales, diplomáticas y religiosas, entre otras, exterminadas fue numerosa.



El primero de los años referidos arrancó con Mario Zamora Rivas, procurador general de pobres y finalizó con cuatro religiosas estadounidenses violadas y acribilladas en diciembre. El 23 de febrero “teníamos una reunión con amigos en casa –cuenta Aronette Díaz viuda de Zamora– y ya cuando empezaban a marcharse pareció sonar la alarma de la casa. Al instante aparecieron unos cuantos tipos con pasamontañas y armas. Nos ordenaron tirarnos al suelo y, a cada puntapié, decir nuestro nombre. Así llegaron a Mario y tras decir su nombre se lo llevaron [...] Yo fui hacia el interior de la casa y al abrir el baño me encontré a mi esposo muerto, boca abajo”.

Así operaban esos grupos terroristas que incrementaron su accionar días después de que el mayor Roberto d’Aubuisson leyera en televisión una larga lista de personas a quienes acusaba, sin pruebas, de pertenecer a organizaciones revolucionarias contrarias a la dictadura. En dicha nómina estaba Zamora Rivas, alto dirigente demócrata cristiano. Al siguiente día de su muerte, secuestraron al académico Roberto Castellanos Braña y a su esposa Anette Mathiessen; sus cadáveres aparecieron el 26 de febrero. José Trinidad Canales, maestro del Externado de San José, fue ametrallado en su vivienda. José Fausto Cisneros, médico y exalcalde migueleño ‒también democristiano‒ fue asesinado el 28 de marzo.



Lo que le pasó a Castellanos Braña junto a su cónyuge, se reeditó con los periodistas Jaime Suárez y César Najarro el 11 de julio; el colega mexicano de estos, Ignacio Rodríguez Terrazas, fue venadeado por un francotirador en el Centro de Gobierno el 8 de agosto. El 28 de octubre falleció Félix Antonio Ulloa, ingeniero y rector de la Universidad de El Salvador; su motorista pereció en el atentado “escuadronero” que sufrieron un día antes. El 27 de noviembre secuestraron, torturaron y masacraron a seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario.

Personas muertas en el armario guerrillero durante 1980, también hubo varias. Walter Beneke, ministro de Educación en la administración de Fidel Sánchez Hernández, murió producto de un balazo en el pecho el 28 de abril; ninguna facción insurgente se hizo cargo. Pero una de estas –las Fuerzas Populares de Liberación (FPL)‒ secuestró al Eduardo Guirola Shields; su cadáver apareció el 13 de agosto. La misma organización, tras once meses de cautiverio, asesinó el 8 de octubre al embajador sudafricano Archibald Garner Dunn y nunca entregó sus restos. El 4 de noviembre ejecutó a Manuel de Jesús Rivas Rodríguez, gerente de la feria internacional de El Salvador. El coronel Carlos Alfredo Choto falleció el 17 de noviembre junto con su esposa, su hija y su hijo en un incendio producido en medio de un ataque guerrillero dentro de su residencia; el Gobierno responsabilizó a las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional.

Entre toda esa mortandad destacan el magnicidio del ahora san Romero de América, la ejecución de fray Cosme Spessotto y el homicidio ‒junto a doce campesinos‒ del diácono Othmaro Cáceres. ¿Cómo se llegó a cometer estos crímenes y los de bastantes sacerdotes más? En medio de una campaña de odio de la derecha recalcitrante de la época, cuyo lema era: “Haga patria, mate un cura”. Hoy que la Iglesia católica ha cerrado filas contra la minería y que nuestro amigo Juan Vicente Chopin ha hablado claro al respecto, ya se asomaron en las “redes sociales” mensajes intolerantes como los que escuchamos antes.

¿Para qué recordar esos hechos –se preguntarán– si son parte de un pasado que debería quedar atrás pues la “nueva historia” está siendo escrita por el expresidente constitucional Nayib Bukele, vuelto inconstitucional a partir del 2024? Sencillamente, para no volver a cagarla. Para ello, tenemos que tener bien presente por qué y cómo comenzó esa espiral de violencia política que derivó en una guerra finalizada en enero de 1992. ¿O se repetirá la historia?