La llegada de Google al país es porque el gobierno contrató a dicha empresa para prestar servicios de digitalización a las entidades públicas, esa contratación le costará a la ciudadanía salvadoreña USD 500 millones. Pero la millonaria contratación estará exenta de los controles establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y en la Ley de Compras Públicas, tal y como lo establece la Ley General para la Modernización Digital del Estado aprobada en el mes de septiembre por la Asamblea Legislativa; en dicha ley también se establece que el Ministerio de Hacienda, cada año, deberá garantizar la disponibilidad de los recursos dentro del presupuesto para que las instituciones públicas puedan contratar los servicios de Google. Definitivamente una jugada maestra, presentar ante la opinión pública como inversor a un contratista más.
En las últimas dos semanas el gobierno salvadoreño también ha tomado decisiones en materia de deuda pública. Se emitieron de USD1,000.00 millones de bonos, lo que marca el regreso de El Salvador a los mercados internacionales, algo que no hacía desde 2020. Esta nueva deuda, que se vencería en 2030, implicaría el pago de intereses de alrededor del 12.0%, una deuda cara que podría encarecerse aún más si no se concreta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para 2025, en este caso el gobierno estableció un pago adicional del 4.0% a los inversionistas. Parte de los recursos obtenidos con esta emisión se utilizaron para la compra adelantada de deuda que se vencía en 2025, 2027 y 2029, deuda con tasas de interés entre el 5.9% y 8.7%. Una decisión absurda que se presenta como una jugada maestra en finanzas públicas: contraer deuda cara para pagar deuda más barata.
La Asamblea Legislativa no se queda atrás, en junio de 2023, y a menos de un año de las elecciones, se aprobó la Ley Especial para la Reestructuración Territorial Municipal, que redujo de 262 a 44 la cantidad de municipios, nuevamente, una decisión sin sustento técnico, aprobada sin debate y participación ciudadana, lo usual cuando se aprueban leyes con fines electorales. Los serios vacíos y debilidades de la ley han generado más preguntas que respuestas sobre el funcionamiento de los nuevos municipios y sus respectivos distritos, por ejemplo, el proceso y los criterios para nombrar a los gerentes municipales, las ordenanzas que deberían aplicarse, las tasas municipales que se deberían cobrar, entre otros. Pareciera ser que las autoridades tampoco tienen las respuestas y por eso a menos de 10 días de que los nuevos concejos municipales asuman funciones se aprobó la Ley Especial de Transición Municipal que brinda dos años para el ordenamiento administrativo de los municipios. Otra jugada maestra: aprobar normativa de último minuto para maquillar el hecho de que se aprobó una ley sin conocer y evaluar sus impactos en el funcionamiento de los gobiernos locales.
Podríamos seguir con el listado de jugadas maestras, pero quienes nos gobiernan están a punto de ver concretada su mayor jugada: han logrado asegurarse su perpetuación en el poder a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Ojalá que cinco años de jugadas maestras hayan sido suficientes y que ahora el presidente, sus ministros y sus diputados empiecen a tomar decisiones estratégicas de política pública que permitan que las personas encuentren medicinas en los hospitales, que los niños y niñas permanezcan en las escuelas, medidas que eviten que la cantidad de personas que viven en pobreza siga aumentando y que garanticen que la población pueda cubrir el costo de la canasta básica. Nuestro país no necesita de más jugadas maestras, necesita políticas públicas que garanticen el bienestar, pero también necesita de una ciudadanía que deje de aplaudir y celebrar este tipo de jugadas y empiece a exigir al gobierno respuestas que garanticen sus derechos.
Lourdes Molina Escalante, es economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)
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