Pero la cereza al pastel ha llegado en el ámbito internacional, el gobierno salvadoreño no dio su consentimiento para publicar el informe relacionado con el Artículo IV elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en otras palabras, el gobierno utilizó su poder para ocultar este informe a la población salvadoreña y a diversos actores internacionales. Este documento contiene una evaluación integral del FMI sobre las diversas aristas económicas del país: fiscales, financieras, monetarias, productivas, entre otras.
La forma usual es que primero llega a un país miembro del FMI, un equipo técnico para recopilar y analizar lo datos, así como mantener reuniones con diversos actores gubernamentales y no gubernamentales. Este equipo técnico publica un comunicado preliminar y luego presenta un informe al Directorio Ejecutivo del FMI, el cual le hace sus comentario y posteriormente se le entrega el informe al gobierno, el cual tiene la potestad de vetar la publicación, tal como lo hizo El Salvador. Ahora bien, con esta decisión El Salvador se coloca a la par de países como Eritrea, Laos, Tayikistán o Turkmenistán. Todos estos países tienen en común tener gobiernos autoritarios.
La pregunta que queda en el aire es ¿por qué el gobierno se negó a que la población conociera el contenido de este informe? ¿Había datos que contradecían el discurso gubernamental? ¿El análisis del FMI los dejaba mal parados? No lo sabremos con exactitud, pero ahora que ha sucedido esto es importante volver a recordar lo que a inicios de este año si logró publicar el equipo técnico del FMI y que ya da unas luces sobre lo que esta entidad había encontrado.
Primero, señalaron que en 2022 las vulnerabilidades económicas en El Salvador aumentaron. Una frase corta pero contundente. Mostraban su inquietud por la caída de las reservas de liquidez y las reservas internacionales del país. Así como la mayor dependencia de la deuda interna (es decir usar más recursos de los ahorrantes en el sistema bancario y previsional), ante la incapacidad de acceder a los mercados internacionales.
También, con el lenguaje diplomático, resaltaban el tema de la opacidad asociada al uso de dinero público para la implementación del bitcóin. Un detalle no menor es que indicaban que del dinero que le prestaron diversos organismos multilaterales al país, incluido el propio FMI, todavía no se habían concluido las auditorias. Lo cual es una bandera roja de preocupación.
Pero quizá uno de los puntos más sensibles que dijo el equipo técnico es el relacionado con la reforma de pensiones, pues el gobierno lo vendió como una panacea. El FMI además de indicar la necesidad la necesidad de tener un estudio actuarial independiente para asegurar la sostenibilidad del sistema, advirtió que la reforma podría acelerar las disminuciones de fondos de las cuentas de individuales y, probablemente, se traducirá en mayores pasivos del gobierno a mediano plazo. En otras palabras, que a las personas se les terminará más rápido su dinero en las cuentas individuales y por lo tanto será necesario más adelante, cada vez más, tomar dinero del presupuesto púbico. Además, deja señalado al gobierno al indicar que es necesario contar con una verdadera planificación fiscal.
A nivel internacional, ahora el gobierno salvadoreño solito se retrata y se confirma como un gobierno que oculta sistemáticamente cualquier información. Como colofón la posibilidad de lograr un acuerdo con el FMI para conseguir financiamiento queda en el aire, a pesar de haber contratado a un ex director de esta entidad para ayudarles a conseguir ese acuerdo, por cierto, ¿cómo fue ese proceso de contratación y cuántos recursos públicos se están utilizando para ello?, también es una información que no se conoce.