Era en la gran mayoría de los países una tarea muy sencilla. Primero, estar al tanto del desarrollo de los principales asuntos públicos utilizando para ello los diarios impresos, la radio y la televisión. Luego, antes de cada evento electoral informarse de los candidatos y sus propuestas por uno o varios de los medios de comunicación masiva y el día de elecciones ir a votar. Punto.
¿Cuánto tiempo cada cuatro años dedicaba cada ciudadano promedio a informarse, participar y tratar de influir en asuntos públicos en los cuales estaba calificado para participar y que no fuese tiempo usual de sus obligaciones? La respuesta que he recibido de casi todas las personas a quienes les he hecho esa pregunta es, en más del 90%, “cero o casi cero”.
Esa era la participación política esperada de los buenos ciudadanos en el siglo 20 y hasta ahora en el siglo 21 se mantiene igual. Unas pocas horas cada cuatro años.
Le tengo una noticia preocupante sobre sus deberes ciudadanos de ahora en adelante. La participación que era aceptable hasta ahora, ya no será apropiada en el resto de este siglo. Si usted se limita a mantener esa conducta y si todos los buenos ciudadanos hacen lo mismo, el futuro de la democracia en su país será ninguno: desaparecerá en pocos años y será reemplazada por una autocracia tecnológica o por una autocracia populista.
¿Por qué ocurrirá eso?
Debido a que el desarrollo tecnológico, no solo está produciendo nuevos productos y servicios muy atractivos y convenientes, sino que va necesariamente acompañado por un gigantesco crecimiento de la complejidad de nuestras sociedades y por esa vía haciendo la tarea de gobernar esas sociedades enormemente compleja y muy superior la las capacidades de los procesos decisorios democráticos que se han utilizado hasta ahora.
Por ejemplo, el Covid 19 a principios de 2020 era un asunto que debían atender los gobiernos para evitar un colapso en los sistemas de salud y un colapso en la actividad económica que no pudieron enfrentar con éxito, pues no existían (ni existen aún) procesos decisorios que permitiesen incorporar todas las perspectivas relevantes (salud, economía, orden público, seguridad por lo menos) en el proceso decisorio, ni contasen con suficientes personas calificadas en cada perspectiva, ni contasen con información veraz sobre lo que estaba sucediendo o lo que podía suceder. El resultado fue que los tomadores de decisiones tuvieron que tomar casi a ciegas decisiones muy graves para muchos sectores sociales y para la vigencia de los derechos ciudadanos. Eso no debe ocurrir de nuevo y muy probablemente ocurrirá si no se hacen cambios profundos en los cuales la participación ciudadana ilustrada, ordenada, frecuente y voluntaria se integra con los procesos decisorios de las entidades públicas.
El Covid 19 no es la excepción. Le invito a examinar los procesos decisorios gubernamentales en asuntos como los siguientes: presupuesto público, reformas de los sistemas de pensiones, regulación de internet, lucha contra el crimen organizado, regulación de plataformas tipo UBER, calidad de la educación en las escuelas públicas, eliminación de la pobreza, lucha contra la corrupción, etc. Todos esos asuntos no pueden ser resueltos apropiadamente dentro de los procesos decisorios existentes en los gobiernos democráticos de manera tal que las decisiones defiendan el bienestar público que está en juego en esos asuntos. Son asuntos excesivamente complejos para ser atendidos mediante procesos muy rudimentarios, en los cuales, con frecuencia quienes toman las decisiones no están calificados para hacerlo, y ellos lo saben. Para resolver ese problema se requiere crear nuevas formas de participación ciudadana voluntaria, ilustrada, ordenada y frecuente en los procesos decisorios públicos.
Para un examen más a fondo de este asunto le invito a leer mi libro recientemente publicado en Amazon.com bajo el título “El Maldito Nuevo Orden Mundial”. También puede escribirme a mi correo electrónico, julio.ramirez@incae.edu