Cuando se quita el factor propagandístico se puede ver de mejor manera la realidad. Desde el Ejecutivo se anunció como una jugada maestra la compra anticipada de los bonos que se vencen en 2023 y 2025, porque para ellos el anuncio provocaría que los precios de los bonos subiesen y el perfil de riesgo bajara; o que le vendieran a un precio menor y con ello ahorrarse millones de dólares, es decir un ganar-ganar, independientemente lo que pasara. Sin embargo, en la práctica esta decisión ha provocado otro tipo de reacciones, menos favorables para el gobierno.

Si uno se queda con la propaganda de los tuits del presidente, él indica que la oferta de compra anticipada es por toda «[...] nuestra deuda externa con vencimiento del 2023 al 2025». Es decir, por $1,600 millones. No obstante, en otro tuit el presidente comparte la información donde se aclara que, en realidad, en la oferta realizada, el monto máximo que el gobierno tiene disponible para la recompra de bonos es de $360 millones.

No hay que ser un experto en economía para saber que $360 millones no son suficientes para pagar una deuda de $1,600 millones y por eso es que los precios de la mayoría de los bonos no suben y el perfil de riesgo del país no baja. Desde los mercados financieros se sigue considerando al país con muchos problemas para cumplir sus obligaciones.

Por cierto, puede haber más incentivos para los inversionistas de vender el bono que vence en 2025, porque hay muchísima incertidumbre sobre las condiciones que pueda haber en El Salvador para ese entonces. Sin embargo, esto puede generar una complicación para el gobierno porque si logra comprar por abajo del precio del bono 2025 lograría un ahorro, pero usaría el dinero disponible para pagar el bono que se vence en 2023, lo cuál puede meterle más presión para cumplir las obligaciones del pago de $800 millones en enero de 2023.

Pero eso no es todo. En una entrevista un representante
de Moodys´s una de las principales calificadoras de riesgo indicó que la recompra de bonos, técnicamente es un incumplimiento del pago de la deuda porque estaría el gobierno salvadoreño pagando menos de lo que se había comprometido a hacer. Esto puede provocar que una parte del mercado financiero no solo vea al gobierno salvadoreño con problemas para pagar, sino que lo vea como un cliente moroso que en realidad no cumple sus obligaciones.

Un aspecto que en ocasiones se le pone poca atención en el ámbito de las finanzas públicas es la credibilidad. Y uno de los grandes problemas que tiene actualmente el Ejecutivo es que en el ámbito financiero han perdido la credibilidad. Si se hace un recuento: han pasado de decir que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo iban a alcanzar antes de septiembre de 2021, a luego decir que nunca estuvieron negociando nada. Dijeron que los bonos volcán iba a ser una fuente de financiamiento alternativa, incluso para pagar los vencimientos de la deuda, a indicar que en realidad no harían esa emisión (porque sabían que de hacerlo iba a hacer un fracaso).

A esta falta de credibilidad se le sumó el anuncio del presidente de buscar la reelección a pesar de que la Constitución expresamente lo prohíbe. Esto se entiende como un rompimiento de las reglas de juego lo que pone al país como más riesgoso, pues lo inversionistas piensan: ¿si el presidente no cumple con la constitución que garantía voy a tener de que cumpla los compromisos que asumió conmigo?

Horas antes de ese anuncio, Fitch rating, otra de las principales calificadoras, volvió a bajar la calificación de la deuda del gobierno salvadoreña, colocándola en la categoría de alta probabilidad de impago. Cuando se pone como prioridad una elección antes que gobernar, los problemas del país no importan. Ahora está claro que el presidente tiene un plan para mantenerse en el poder, pero sigue sin contar con un plan para resolver los problemas financieros del país, un elefante blanco que cada vez se hace más grande en la sala.