El actual gobierno llegó al poder enarbolando la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ahora pareciera que esa bandera no solo se ha quemado, sino que hasta sus cenizas se han ocultado. Todos los indicadores internacionales coinciden: el retroceso en la lucha contra la corrupción y el acceso a la información son alarmantes en esta administración gubernamental. No es casualidad que una de las primeras instituciones capturadas por el Ejecutivo haya sido el Instituto de Acceso a la Información Pública. Desde entonces, incluso de forma burda, se ha buscado ocultar la información del manejo de los recursos públicos a la población.
No son hechos aislados, es una política sistemática que busca blindar la opacidad. Y ay de quien se atreva a cuestionar a los funcionarios o exigir sus derechos, como el de la información pública, porque inmediatamente es tildado y atacado a través de la santa inquisición digital
Los gobiernos anteriores utilizaron el mecanismo de los gastos reservados, conocidos popularmente como la partida secreta, como el principal mecanismo para la opacidad y la falta de acceso a la información, lo que al final de cuentas se tradujo en actos de corrupción. Este gobierno inicialmente dejó de usar la partida de gastos reservados, pero inmediatamente declaró que toda la información del Organismo de Inteligencia del Estado era reservada. Asimismo, es quien más ha utilizado el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), el cual es un mecanismo con amplia discrecionalidad, pues en su manejo no se aplica la ley de adquisiciones, lo que provoca, por ejemplo, que un vendedor de zapatos pueda vender medicinas al Estado. Además, FOPROMID se ha utilizado para hacer transferencias entre distintas instituciones sin el aval de la Asamblea Legislativa.
Pero en la lógica de seguir legalizando la opacidad y la concentración de poder, aparece la Dirección de Obras Municipales (DOM), que, aunque su fin supuestamente era poder realizar obras para el desarrollo de los municipios, desde su génesis se ha caracterizado por ser opaca, debido a su falta de información pública sobre sus actividades y decisiones. No se conocen los detalles de los contratos de construcción y de las licitaciones públicas, lo que dificulta la fiscalización y el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. Además, las decisiones y criterios utilizados para la asignación de los contratos y proyectos no suelen estar claros ni justificados, por lo que no se puede estar seguro si no hubo algún tipo de favoritismo.
Por si fuera poco, la Asamblea Legislativa convertirá a la DOM en una supra institución que, entre otras cosas, podrá emitir deuda sin límites, esto en un contexto donde al gobierno le sigue urgiendo conseguir fuentes de financiamiento alternas. Podrá ser parte de un entramado de empresas donde únicamente se beneficiarán unos muy pocos, y eso le permitirá ser contratista de otras instituciones públicas, por supuesto con toda la opacidad del caso. Pero, además, hará que la DOM se mueva entre lo público y lo privado, para con ello evitar cualquier rendición de cuentas.
Realmente es inaudito lo que se quiere hacer. En otro contexto la Asamblea Legislativa no debería ser cómplice de lo que el ejecutivo busca, pero en El Salvador, al tener todo el control institucional este tipo de reformas son un mero trámite. Por supuesto, que la mayoría de población lo que está preocupada es por sobrevivir sobre todo cuando todo está más caro y el gobierno ha mostrado su incapacidad de brindar soluciones. Sin embargo, con este tipo de reformas se puede legalizar uno de los esquemas más opacos de manejo de recursos públicos más grandes de “toda la historia” como suele decir el gobierno.