En los últimos 10 años han matado a 120 abogados, quizá un poco más, pero no es algo que se vea en El Salvador, ni en ninguna otra parte de estos lares al menos que yo tenga conocimiento.
Recientemente, al fin, la nueva junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) constituyó una comisión de notables para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Nacional y el Ministerio Público, le den seguimiento a cada uno de los expedientes, de los cuales, cosa muy típica acá en la región, solo el 5 % han sido resueltos.
El perfil del que se convierte en un asesino de abogados es desconocido, pues el índice de impunidad en estos casos es tan alto que se desconoce cómo es aquella persona u organización criminal que manda a matar o mata abogados y sus motivos. Pueden ser pandilleros, narcos, pequeños grupos criminales, o puede ser una familia llena de gente armada y vengativa, o simplemente personas naturales individuales no vinculadas con el hampa, a los cuales el profesional víctima les llevó un caso como su apoderado o como su contraparte. Puede ser también porque el abogado prometió y no cumplió o cumplió a medias o agarró dinero y nunca hizo nada. Los que engañan o estafan.
Cabe pensar en que hay profesionales que se venden a la contraparte por una jugosa cantidad de dinero. Puede ser también un colega mafioso que gane casos amenazando e incluso matando. Se puede dar la situación de personas no vinculadas en lo absoluto con la actividad profesional del colega asesinado: amantes despechadas, esposos de las amantes, prestamistas, una esposa celosa, un suegro que busca venganza por haber dejado burlada a su hija, en fin, tantas cosas que ignoramos y no queda otra sino especular, porque ninguna autoridad del CAH, hasta ahora, se había propuesto investigar cada caso.
El resultado de las investigaciones servirá de mucho para saber el perfil de la víctima y del victimario. Y en este punto es oportuno recalcar que la conducta profesional también debe ser analizada y ver en qué fallan para desatar la furia de alguien capaz de matarlos.
Es necesario que quede claro que nada justifica el asesinato cobarde de abogados. El Código Procesal Civil, el Código Penal, y el mismo Código de Ética del Profesional del Derecho Hondureño, tienen vías para denunciar a un abogado que en su actuar haya ocasionado daños a su poderdante, así como también cuando haya actuado con evidente dolo para perjudicarlo. La venganza por mano propia no se justificará jamás.
Una cosa es cierta: el país, tras décadas de corrupción desenfrenada y descarada, de los cuales los medios de comunicación dan debida cuenta a la población, semana tras semana, ya sea por investigaciones propias, ya sea por denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción, han esparcido la idea –sin que esa sea su intención- que acá todo se puede y que la ley no te persigue.
Es un país que está muy criminalizado, las armas se consiguen con mucha facilidad y la gente anda por allí con mucho odio, con sed de venganza, y no hay principios morales, éticos, religiosos que los detengan.
Es tan intensa la situación de la delincuencia que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que hace la función de nuestra PDDHH, ha señalado que debido a este fenómeno social 240,000 personas se han visto en la obligación de abandonar sus lugares de residencia y que 59,800 hondureños han pedido asilo en otros países, convirtiendo a esta nación en el sexto lugar con más solicitudes de ese tipo.
Algo pasa en Honduras, y en relación a mi gremio, es urgente profundizar en las razones de tanta sangre derramada.