El panorama para los empresarios salvadoreños y extranjeros es prometedor. La mera diversificación del ámbito de actuación es un testimonio de las infinitas posibilidades que se abren para el sector privado. Ahora, no solo tienen el desafío, sino el privilegio, de explorar y capitalizar áreas previamente inexploradas.
Con las últimas reformas a esta Ley, se abre un diálogo abierto entre el Estado y el sector empresarial, un diálogo que invita a la confianza entre ambas partes. Aprovechando esta ventana de oportunidad, los empresarios tienen la posibilidad no solo de idear sino de implementar soluciones que resuelvan desafíos de larga data. Por ejemplo, mediante construcción de proyectos de infraestructura sostenibles, que también fortalezcan la economía local, creando empleos y mejorando el bienestar de las comunidades.
El cambio de la dinámica establecido y permitido por esta ley es fundamental para el desarrollo social que todo Estado busca, afincado en la fortaleza de un empresariado que puede invertir en las necesidades de país, como un edificio inteligente, una carretera u otra obra fundamental o de proyección, bajo un modelo ágil y con garantías de rentabilidad.
En el ámbito de los servicios esenciales se puede pensar en la digitalización y modernización de los servicios de salud pública que incluya una plataforma digital para la gestión de citas médicas y la implementación de sistemas de historiales médicos electrónicos o la capacitación del personal de salud en el uso de las nuevas tecnologías. No solo mejoraría la eficiencia, sino que también haría que la atención médica fuera más accesible para todos. Imaginemos un El Salvador donde cada ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica o estatus socioeconómico, pueda reservar una cita médica con solo unos pocos clics o acceder a su historial médico desde cualquier dispositivo.
La combinación de estas posibilidades con incentivos fiscales es simplemente el elixir que muchos empresarios han estado esperando. Los incentivos no solo reducen la carga financiera, sino que también actúan como un catalizador, impulsando a las empresas a innovar y expandirse. Más que un gesto de buena voluntad, estas exenciones fiscales son una herramienta poderosa que el Estado ha puesto en manos de los empresarios, reconociendo y recompensando su esencialidad en la construcción de un El Salvador más fuerte y próspero.
Un distintivo más de esta ley es la autonomía y confianza que otorga a los empresarios. Si bien el Estado ha definido claramente las reglas y proporcionado las herramientas, es ahora cuando los empresarios toman la batuta. Se espera que actúen, no solo como ejecutores, sino también como visionarios, como los verdaderos arquitectos del futuro salvadoreño.
Con este renovado marco legal, El Salvador no solo está allanando el camino para un salto evolutivo en infraestructura y servicios, que no es solo un cambio en el papel, sino una revolución en la práctica. Mientras El Salvador se esfuerza por cimentar su posición en el escenario global, la nueva ley le ofrece a su comunidad empresarial no solo un asiento en la mesa, sino también la oportunidad de liderar; ofrece una plataforma única para redefinir su rol como empresario en el tejido socioeconómico del país. Es un llamado a la acción, un desafío y una oportunidad.