Dos acontecimientos fueron determinantes para el registro de una leve mejora en la participación ciudadana en el proceso presupuestario: en primer lugar, las invitaciones a participar a organizaciones ciudadanas y de la sociedad civil en los debates sobre el proyecto de presupuesto 2021 al interior de la Comisión de Hacienda en el año 2020, mismas que fueron aprovechadas por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); y el establecimiento del Comité de Veeduría Ciudadana para dar seguimiento a los gastos realizados por el Ejecutivo durante la Pandemia Covid-19. Mientras que la primera fue una invitación realizada desde la presidencia de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la segunda fue una norma aprobada en el congreso mediante la cual una serie de instituciones darían probidad a los gastos de la pandemia.
Así las cosas, la primera fue nada más una consulta puntual por parte de los diputados sobre el plan de gastos para el ejercicio fiscal 2021; mientras que la segunda tenía una característica innovadora: había sido establecida mediante ley, sucedía en un momento determinante cuando el Ejecutivo tenía que erogar grandes cantidades de recursos público, y estaba constituido por entidades especializadas en materia fiscal, económica y de contraloría. Esta última arrojo resultados interesantes en cuanto llamó la atención sobre posibles irregularidades en el uso de fondos públicos, lo cual derivo posteriormente en que algunos funcionarios del Ejecutivo no concedieran información al referido comité. Con todo, fue una práctica interesante, destacada por el IBP a nivel mundial en 2021, ya que duró en términos prácticos un brevemente momento, aunque hay que decir que el Comité aún está vigente, y según su mandato, debe velar por gasto orientados a la atención de los impactos de la Pandemia.
¿Cuáles son las perspectivas a futuro para mejorar la nota de la participación pública? El informe de IBP ha identificado que la Ley Orgánica de la Corte de Cuentas de la República establece un mecanismo a través del cual cualquier ciudadano puede acercarse a la entidad y pedir ser escuchado en cuanto tenga información sobre el uso de los fondos públicos. Este mecanismo, aunque está claramente establecido en la ley no ha sido ni aprovechado por la población y tampoco ha existido un esfuerzo sistemático por parte de la entidad de institucionalizarlo. La entidad debe hacer de conocimiento público la auditoría del presupuesto estatal y en la identificación de hallazgos de posibles irregularidades, posteriormente también debe hacer conocimiento público que si algún ciudadano tiene algún conocimiento de alguna de ellas debe acercarse a la institución para ser escuchado.
Además, y como reto más relevante, se debe incorporar la participación pública en el proceso de formulación del proyecto del presupuesto. Es decir, el Ejecutivo, a través de sus diversos ministerios debe establecer canales para escuchar a los ciudadanos y organizaciones especializadas en medioambiente, educación, salud, entre otros, para que den su opinión sobre cuáles deberían ser las prioridades que deberían atender el presupuesto estatal, teniendo en cuenta que, finalmente, el proyecto de presupuesto es elaborado por el Consejo de ministros, pero donde ha existido un espacio de interacción con la población.
Esto no implica que el gobierno acepte las opiniones especializadas, pero sí está obligado a fundamentar racionalmente por qué la prioridad establecida por ellas no es la más urgente de acuerdo con el plan gubernamental. Dicho de manera más sencilla, las autoridades deben realizar un esfuerzo por contraargumentar de manera racional porque las prioridades propuestas por organizaciones de sociedad civil y especialistas no son tan relevantes en el enfoque gubernamental.