El ejemplo de El Salvador es alarmante, ya que, aunque no era una cuestión nueva, desde el inicio del mandato de Bukele, se ha observado un estilo de liderazgo caracterizado por burlas y menosprecios, así como incitaciones al odio hacia aquellos que critican o discrepan de sus políticas, o simplemente ejercen su derecho a expresar una opinión que no sea favorable al gobierno. Al principio, estos ataques se dirigían principalmente hacia miembros de partidos opositores, y se justificaba con comentarios como “bueno, es de Arena o del FMLN”, como si la dignidad humana dependiera de la preferencia política partidaria.
Luego, esta actitud fue escalando y ha afectado a periodistas, miembros de la comunidad internacional, organizaciones sociales y cualquier persona que se atreva a señalar disconformidad con las decisiones gubernamentales. Si alguien todavía lo duda que haga el ejercicio de hacer una crítica pública al gobierno y lo podrá comprobar.
En un país democrático, la crítica y el debate público son esenciales para el progreso y el bienestar de la sociedad. Sin embargo, en este caso, la política de odio ha creado un ambiente en el que la crítica no es tolerada y se castiga, incluso mediante la persecución y represalias. Esto es propio de regímenes no democráticos, donde la libre expresión es suprimida. No es casualidad que en el informe 2023 de Latinobarómetro se indique textualmente: «después fue la elección de Bukele en El Salvador, en 2019, cuyo gobierno se ha transformado en una nueva autocracia»
Además, la política de odio ha generado la búsqueda constante de enemigos, desviando la atención de los verdaderos problemas y desafíos que enfrenta la población. En lugar de abordar los temas importantes y buscar soluciones, se ha enfocado en señalar y atacar a supuestos adversarios. Esta situación ha alcanzado niveles alarmantes, ya que ahora los miembros del gremio de salud, especialmente los médicos, se han convertido en blanco de ataques injustos. Se les ha llegado a considerar de manera burda como criminales, sin respetar las reglas mínimas del principio de inocencia, o se los tilda de enemigos simplemente por ejercer sus derechos. Esta demonización es inaceptable y evidencia los peligros inherentes a las políticas que buscan deslegitimar cualquier crítica o disidencia.
Es preocupante cómo se intenta atribuir los problemas del sistema de salud a los médicos, desviando la atención de las malas decisiones gubernamentales. Estos profesionales han tenido que soportar condiciones de trabajo poco favorables mientras se esfuerzan por salvar cientos de miles de vidas con esto se pretende omitir en el debate que el presupuesto asignado a la salud es insuficiente, y en 2022 incluso se recortaron recursos al primer nivel de atención y a algunos hospitales. Además, los salarios de los médicos son más bajos en comparación con lo que se paga a ciertos “asesores”. También se omite el desperdicio de cientos de millones de dólares de bitcóin, en lugar de destinar esos fondos a la compra de medicinas y recursos esenciales para el sistema de salud.
Basta ya de esa política de odio. ¿Qué podemos esperar como sociedad si atacamos a nuestros médicos y enfermeras, mientras al mismo tiempo defendemos y aplaudimos a los corruptos e incompetentes? Esto va más allá de simples preferencias electorales; se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos habitar.
Necesitamos una sociedad democrática y respetuosa, fundamentada en el diálogo, el respeto por la diversidad de opiniones, la tolerancia a la crítica constructiva y la rendición de cuentas. O, por el contrario, nos arriesgamos a formar parte de un régimen caracterizado por el odio y la intolerancia. Nuestras acciones o silencio pueden convertirnos en cómplices de esta problemática.
Un buen punto de partida para cambiar esto es dejar de tolerar los ataques contra el gremio médico, así como cualquier otra forma de agresión hacia cualquier persona, incluso si nuestras opiniones difieren.