Culpables por acción u omisión, seguramente hay muchos, por lo que deportiva y judicialmente hay que llegar hasta las consecuencias finales. Hay que tomar decisiones firmes, serias y sancionar con base a la ley a quienes resulten involucrados directa o indirectamente. Esta tragedia no debe olvidarse jamás y debe ser el parteaguas de cambios sustanciales en la administración del deporte más lindo en El Salvador. La justicia debe profundizar y aplicar las sanciones que la ley permite.
Ya nadie le devolverá la vida a los doce compatriotas que murieron. Sus familias vivirán con la tristeza inmensa y las consecuencias negativas de perder a sus seres queridos. Seguramente eran personas valiosas que nos harán muchísima falta. En su memoria hay que actuar, cada quien en los suyo, sin atisbos de querer sacar ventajas o subirnos a una causa ocasional, como ha ocurrido. Hay quienes, inescrupulosamente y sin conciencia, buscan sacar algún tipo de provecho por lo sucedido.
La Comisión Regularizadora del Fútbol ya ha actuado. Hasta ahora ha suspendido el campeonato nacional y ha prometido, con asesoría de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) crear protocolos y un plan estratégico de seguridad para los estadios a fin de proteger a los aficionados. Me parece que a la Comisión le hace falta talante para actuar con más vigor. Haber suspendido el campeonato, en lo personal, no creo que haya sido la medida más acertada por muy recomendada por la FIFA o la CONCACAF, pues perfectamente pudieron haber continuado jugado a puertas cerradas y permitir solo el 50 por ciento de la capacidad del estadio para el día de la final. En todo caso la decisión de la regularizadora se respeta. En cuanto al plan de seguridad, pues éste siempre debió existir y si existe y no es respetado, pues es obvio que los dirigentes tienen una tremenda responsabilidad.
La Comisión Regulizadora debió actuar con firmeza y suspender de todo vínculo con el fútbol a los dueños, dirigentes, administrativos y todo aquel que resulte involucrado en la acción o la omisión de la tragedia. Por unos dólares más no se puede poner en peligro la vida de los salvadoreños. La Regularizadora tiene esa deuda pendiente. En un partido de fútbol hay que proteger a los futbolistas, aficionados y a todo aquel que se hace necesario para una sana competencia. Desde ahora en adelante se debe pensar en un seguro de vida colectivo para aficionados y en mejores condiciones laborales para los futbolistas, así como en sanciones realmente drásticas. El fútbol no es para alentar racismos, xenofobias, exclusiones, clasismos, enemistades, fanatismos o formas conductuales negativas. Él fútbol es pasión, un ligamen que nos une a todos los salvadoreños independientemente de nuestras condiciones socio-económicas o nuestras ideologías. El fútbol es la distracción por excelencia y una forma sutil de disfrutar la vida.
Al margen de las sanciones o decisiones de la Comisión, el Sistema Judicial tiene mucho que hacer. Son doce vidas y probablemente muchos culpables, que deben responder debidamente ante las instancias judiciales. Hasta hora todos son inocentes hasta ser vencidos en juicio, pero la justicia debe seguir su curso.
Ya hay algunas personas procesadas, acusadas de lesiones culposas, homicidios culposos y otros delitos, aunque para muchos aún faltan otros que deben estar siendo procesados. Se trata de llegar hasta el fondo del problema y de sancionar con base a la ley a los culpables. A las 12 familias de las personas que fallecieron hay que indemnizarlas y alguien tiene que responder por ello.
Desde luego los aficionados tenemos que comportarnos como tales y no como fanáticos. No podemos pedir la cabeza de “todo mundo”. Tenemos que dejar que el sistema opere y confiar en los resultados. La Fiscalía General de la República acompañada de la Policía Nacional Civil están haciendo lo suyo, luego será el turno de los jueces. No ocupemos las redes sociales para generar confusión o despotricar contra los señalados, pues al final no sabemos su grado de participación en las condiciones para generar la estampida fatal. Tampoco ataquemos al sistema judicial si no conocemos su actuación en este caso. Debemos tener confianza y exigir que se aplique con vigor la justicia. Si al final entre los investigados hay inocentes, pues que el sistema mismo lo reconozca.
Las doce muertes y los cientos de lesionados no deben quedar en la impunidad, pero tampoco se puede culpar al obrero por la acción del patrón o sancionar al patrón por la mala intención del obrero. La justicia debe ser humana y como tal hay que aplicarla en este caso, tomando en cuenta que hay que hacer justicia por las doce víctimas mortales, cuyos seres queridos al igual que los miles de aficionados reclamamos justicia y que este tipo de tragedias nunca más se vuelvan a repetir. ¡Dios protégenos!