Trascendió el 9 de noviembre la recaptura, en México, de Elmer Canales Rivera, más conocido en el mundo criminal y gubernamental como “El Crook. Se afirma que ya está bajo tutela de autoridades del FBI de EE. UU. Este delincuente era considerado el eslabón perdido, la prueba de ADN en la escena del crimen que hace match, comprometiendo al Gobierno de Bukele con el esquema criminal de negociaciones ilícitas que puso sobre la mesa vidas inocentes; apoyos electorales por parte de estos grupos delictivos que terminaron dando el omnímodo poder que hoy detenta Bukele.

A cambio, los criminales de pandillas recibieron beneficios financieros, control territorial, beneficios penitenciarios, reducción de condenas y bloqueo de su extradición a EE. UU. Incluso, permitió hasta la liberación de peligrosos criminales de la “ranfla” nacional de la MS como “El Crook”, que purgaban largas condenas carcelarias en el penal de máxima seguridad y que, de manera secreta, saltando todos los protocolos de seguridad, fueron liberados mediante negociaciones ilícitas entre lideres pandilleros y delegados gubernamentales autorizados al más alto nivel.

Sendas investigaciones periodísticas de distintos medios de comunicación, entre ellos El Faro (julio 2022), y La Prensa Gráfica, revelaron la implicación de “El Crook” en las negociaciones entre la pandilla MS y el Gobierno de Bukele. Por lo tanto, el aporte que produzcan las declaraciones de Canales Rivera ante la justicia de EE. UU. por delitos cometidos en aquel país; la solicitud formal de extradición el 4 de junio de 2021; y las circunstancias de la evasión sin investigación durante dos años, son piezas fundamentales para completar el rompecabezas de la cadena de responsabilidad y contar con más evidencias sobre las acciones criminales que, como parte de una política de Estado, cumplieron funcionarios del régimen de Bukele, tanto al encubrir las negociaciones ilícitas, como liberando al criminal, omitiendo su condena y evadiendo la solicitud de extradición.

Debe establecerse: de qué manera Canales Rivera, que guardaba prisión desde el año 2000 en la cárcel de máxima seguridad, fue liberado aquel 18 de noviembre de 2021, cuando el propio Juez de Crimen Organizado que ventiló su proceso, pidió expresamente no ponerlo en libertad, por existir procesos penales pendientes y una pena carcelaria sin cumplir.

Amplias investigaciones periodísticas, fundadas en documentación de origen oficial y con abundante evidencia, apuntan tanto al director del Tejido Social, Carlos Marroquín, y al viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, como artífices de las negociaciones ilícitas desarrolladas a lo largo del mandato presidencial de Bukele y su responsabilidad sobre la liberación irregular de Elmer Canales Rivera “El Crook”. Tras su evasión, las investigaciones establecieron que este se alojó en un lujoso apartamento del edificio Alta 510, de la exclusiva colonia Escalón. La investigación aportó audios que incriminan al director del Tejido Social, tanto en las negociaciones ilícitas, como en la liberación del criminal. La pregunta ineludible es: ¿ante semejante evidencia, porqué el fiscal general de la República ha sido negligente en asumir la investigación transcurridos dos años después de ocurrida esa fuga? ¿Quién rentó o prestó ese lujoso apartamento en el que se alojó “El Crook” y su pareja Yési Carolina Chávez Ramírez durante los meses de noviembre y enero antes de ser trasladados a Guatemala con destino a México por Carlos Marroquín?

Sobre este tema, el propio vicepresidente Félix Ulloa afirmó recientemente al periódico Le Monde: “Sería lógico abrir una investigación contra Carlos Marroquín” (director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de Bukele).

Bukele, al referirse a negociaciones de gobiernos anteriores con pandillas los calificó: “...Negociaron con la sangre del pueblo. Mil veces malditos” (Tuit 01/02/20). Sin embargo, ante contundentes evidencias de amplias investigaciones periodísticas de los mismos medios que destaparon aquellas y estas negociaciones con pandillas, en las que el mismo Marroquín (Lente), infiere los indicativos de cada uno de los integrantes de la cadena de mando, Osiris Luna (Lobo). Bukele (Batman) sigue guardando silencio, sin ordenar investigar a sus funcionarios, separarlos de sus cargos, o establecer postura oficial.

La displicencia del presidente Bukele ante un hecho tan abultado y la negligencia de un fiscal sumiso al Ejecutivo, pone en evidencia que sus funcionarios al negociar con pandillas actuaron bajo lineamientos del Gobierno. El cerco se irá cerrando sobre la responsabilidad de estos hechos delictivos sobre el mismo candidato/presidente Bukele. La justicia tarda, pero llegará.