Increíble, pero en pleno siglo XXI se están descubriendo casas embrujadas en la capital, algo que sin duda podría ser bueno para los amantes de las series televisivas de miedo. Ocurre que recientemente se han dado varios acontecimientos aparentemente sobrenaturales, en los que un productor de novelas con buen olfato no dudaría en invertir, porque el misterioso guión y la escenografía ya están montados.
El primer capítulo podría rodarse en “La Casona”, lugar al que consideré impenetrable, pero que al igual que algunas tumbas pintadas de blanco podría esconder muchas cosas descompuestas. Es también un lugar donde estaría prevaleciendo un desorden administrativo tan descomunal que hace desaparecer misteriosamente los registros documentales de los abundantes viajes realizados a diferentes y exóticos destinos por su anterior inquilino. De ahí que el Profesor se haya visto obligado a hacer un llamado de atención a su Secretario de Transparencia para que mejore el control y resguardo de la documentación, algo innecesario ya que según la doctrina administrativa es obligatorio en todo funcionario medianamente responsable de administrar esos manejos oficinescos, por cierto, soslayados en los finiquitos exprés extendidos a dos expresidentes, actualmente enjuiciados.
Un segundo capítulo de esta novela podría realizarse en el Ministerio de Economía, otro lugar misterioso, donde su muy consentido titular ha sido señalado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como encubridor en la destrucción de 41 documentos calificados como históricos.
El tercer capítulo de la serie tendría lugar en el histórico edificio del ente fiscalizador, donde no aparecen rastros de ningún finiquito extendido al Bachiller (pero difundido profusamente en las redes sociales) con la firma de uno de los más bayuncos y nefastos titulares que haya presidido una institución de tan noble arraigo constitucional.
Si eso ocurre en tres instituciones de gran importancia, qué no podrá estar ocurriendo en otras entidades y organismos del Estado, donde se gestionan asuntos de mayor “cuantía”, que podrían tener similares o peores irregularidades y que -de hecho- involucraría la determinación de responsabilidades, administrativas, patrimoniales e incluso penales, para quienes en su momento han tenido su titularidad.
Los esfuerzos que en el país se hayan realizado para ordenar la administración pública a través de cualquier cantidad de normativa legal, reglamentaria, técnica o ética producida, quedan por los suelos ante la increíble mediocridad de los funcionarios públicos que, teniendo el deber de mantener debidamente resguardada (de manera física o electrónica) los resultados de su gestión, ni lo hacen ni supervisan que lo haga esa retahíla de funcionarios (llámense coordinadores, gerentes, jefes, asesores o técnicos) a su disposición.
Si el respetable lector supiera de los jugosos salarios y grandes prestaciones que muchos de estos burócratas reciben, quedaría más espantado al saber que no sirven ni para cuidar documentos. Tristemente para la función pública, muchas de estas personas han llegado al puesto gracias al aberrante activismo político-partidario, no por la capacidad o la idoneidad que demanda toda gestión gubernamental efectiva y eficiente, cualidades que deberían ser absolutamente obligatorias en todo burócrata.
De ahí que jamás veremos emerger (de parte de las máximas autoridades o funcionarios subalternos) una actitud valiente, ética y firme, como sería no ordenar ilegalidades ni obedecer ninguna orden para ocultar o destruir documentos oficiales, por muy encopetado que sea el cargo del jefe que ordene. Lo contrario, sería adoptar una actitud pusilánime e injustificable en los presuntos funcionarios subalternos que obedecieren tales lineamientos. Por mucha que sea la necesidad de un salario, todo empleado público debe recordar que recibirlo en esas condiciones es hacerlo a costa de su propia dignidad.
De ahí el imperativo para la nueva Fiscalía General de asumir con vigor estos casos, para hacer prevalecer el respeto a la Ley. De ninguna manera es bueno consentir casas embrujadas en San Salvador, porque contrarían los principios elementales de la transparencia gubernamental, que luce cada vez más quebrantada y con nuevos retrocesos.
