El Icefi frente a este vacío ha publicado sus primeros dos boletines sobre el monitoreo de la vacunación en el país. En el que destaca que aunque los datos oficiales reportan que desde el 18 de marzo de 2020, cuando El Salvador detectó el primer caso de COVID-19, hasta el 31 de diciembre de 2021, el país ha confirmado 122,011 casos, esos datos podrían estar subestimados si se compara con las estimaciones realizadas por el Instituto de Mediciones y Evaluaciones en Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington, así como por la Universidad Imperial de Londres (ICL, por sus siglas en inglés).
En el caso de la IHME estima que, en realidad, desde el primer caso detectado hasta el 31 de diciembre de 2021, en El Salvador ha habido 1.86 millones de casos, es decir 2,858 contagios diarios, lo que implicaría un subregistro de alrededor de 1.74 millones de casos. En tanto el ICL estima 2.18 millones de casos en el mismo periodo (3,342 casos diarios), es decir, el subregistro de 2.06 millones de casos. Misma situación sería con las personas fallecidos pues según The Economist¸ el país tiene uno de los más grandes excesos de muerte relacionados directa o indirectamente con la pandemia.
En cuanto al proceso de vacunación, el primer lote de vacunas arribó a El Salvador el 17 de febrero de 2021 por medio de una compra directa de 200,000 dosis de la farmacéutica AstraZaneca. Desde esa fecha hasta el 30 de diciembre de 2021 arribaron 52 lotes de vacunas, sumando una cantidad de quince millones seiscientas cuatro mil quinientas ochenta dosis (15,604,580). Del total de las vacunas recibidas, al 31 de diciembre de 2021, el 30.6% provienen de la farmacéutica Pfizer-BioNTech; el 29.8% de la empresa Sinovac; 19.2% de Moderna; 11.3% de Sinopharm y 9.0% de AstraZeneca.
De la suma de vacunas conseguidas, el 71.4% ha sido por medio de compra directa y el resto por medio de donaciones, principalmente del gobierno de Estados Unidos. Este dato llama mucho la atención, pues a tenor de la propaganda gubernamental pareciera que el principal donante ha sido China, pero los datos muestran lo contrario.
El Salvador ha comprado de manera directa 11.1 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Eso significa que estas fueron pagadas con recursos públicos, que en su mayoría provienen de impuestos que paga toda la población. Sin embargo el Ministerio de Salud ha declarado reservada toda la información relacionada con el proceso de compras, por lo que la ciudadanía no puede saber exactamente cuánto dinero ha representado para el erario.
Sin embargo, el Icefi estima que el Estado salvadoreño podría haber pagado alrededor de USD 171.3 millones, sin considerar costos de comisiones o transporte. Para dimensionar, este monto equivale al 17% del total del presupuesto del Ministerio de Salud para 2021, o tres veces el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería y cerca de 13 veces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sobre las fuentes de financiamiento, el Icefi determinó que la compra se hizo a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), por medio del cual se le trasladaron al Ministerio de Salud USD161.6 millones hasta el 30 de junio, para la adquisición de vacunas, insumos, medicamentos y equipo médico para la red hospitalaria y unidades de salud. Un mecanismo opaco y sin controles.
El país ahora enfrenta el desafío de mejorar el ritmo de vacunación que se ha estancado, así como gestionar el inventario de vacunas para que no caduquen, pero sobre todo que se abandone la práctica de opacidad, porque, así como la vacuna es la mejor respuesta a la pandemia del COVID-19, la transparencia es la vacuna para la pandemia de la corrupción.