Recientemente la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó el informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023», el cual señala que, en 2022, a nivel mundial alrededor de 735 millones de personas padecieron hambre, lo cual representa un incremento de 122 millones de personas respecto con 2019; además, reporta que tres de cada 10 personas en el mundo se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Estos datos evidencian una brecha cada vez más grande para poder cumplir la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de alcanzar el Hambre Cero en 2030, incluso de acuerdo con las proyecciones más recientes se estima que para ese momento casi 600 millones de personas seguirán padeciendo hambre.
En el caso de la región latinoamericana las tendencias tampoco son muy alentadoras, entre el 2019 y el 2021, la inseguridad alimentaria en la región aumentó en casi 100 millones de personas y el número de personas que sufren hambre fue de 56.5 millones.
¿Y El Salvador? A pesar de que según los funcionarios de turno vivimos en el mejor país del mundo, la realidad es que, en 2022, 500 mil de personas sufrieron desnutrición. Al mismo tiempo 3.1 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada. Esto significa que su capacidad para obtener alimentos fue incierta y en algún momento se vieron obligados a reducir la calidad o cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de dinero u otros recursos.
Este número representa un incremento de 500 mil personas con respecto al período 2014-2016. Además, alrededor de 1 millón de personas enfrentaron inseguridad alimentaria severa y en algunos momentos del año no tuvieron acceso a alimentos, padeciendo hambre y pasando uno o más días sin comer. Estas cifras son alarmantes y ponen de manifiesto la necesidad de abordar la problemática alimentaria en el país.
Los retrocesos en la garantía del derecho a la alimentación en El Salvador se explican por una parte por factores como la pandemia por Covid-19; los conflictos bélicos internacionales que afectan la producción y suministro de alimentos, así como los precios de los insumos agrícolas y la energía; el cambio climático que afecta negativamente los cultivos y la disponibilidad de alimentos; los ciclos económicos; y, las desigualdades estructurales existentes. Pero, en una mayor medida se explican por la ausencia de una respuesta intencionada por parte del Estado salvadoreño ante estos desafíos. La ausencia de políticas y acciones concretas ha debilitado la capacidad de la población para enfrentar las dificultades y ha limitado su acceso a una alimentación adecuada.
En pleno siglo XXI, ningún gobierno debería tolerar ni permitir que las personas padezcan hambre. Es urgente que el gobierno brinde una respuesta integral mediante políticas públicas que garanticen a todas las personas el acceso a una alimentación adecuada, nutritiva y asequible. Un paso fundamental es alinear las acciones estatales con el compromiso Hambre Cero que El Salvador adoptó en el marco de los ODS. Además, se deben implementar políticas que promuevan el desarrollo integral de las zonas rurales, con énfasis en el fortalecimiento del sector agropecuario y la promoción de la agroindustria. Es esencial fortalecer programas que faciliten el acceso a alimentos para poblaciones vulnerables, como los programas de alimentación escolar dirigidos a niños y adolescentes. Asimismo, es necesario establecer sistemas de protección social que incluyan transferencias monetarias incondicionales, para evitar que las personas no puedan alimentarse debido a la falta de recursos económicos.
Estos esfuerzos también requieren una acción climática más efectiva para garantizar sistemas agroalimentarios resilientes. Y por supuesto, todo esto debe ir acompañado de medidas fiscales que aseguren la disponibilidad de financiamiento necesario para implementar las acciones requeridas.