Lo que la semana recién pasada generó más comentarios y reacciones, sobre todo en redes sociales, sin duda tiene que ver con las entrevistas segmentadas en tres entregas que el periódico digital “El Faro” les hizo a dos integrantes de la estructura criminal conocida como “Barrio 18 Revolucionarios”. Estas se posicionaron como el notición del momento y se sumaron a otros hechos que tuvieron lugar durante los días previos como la detención ilegal de Kilmar Ábrego, la droga incautada en Panamá que salió de acá y el desastre en la carretera de “Los Chorros”. Pero además existen otros contextos que se agregan al actual “estriptís” de nuestra preocupante realidad, cuyo ocultamiento o ninguneo oficialista no debemos permitir.

Al contrario, estos deben ser considerados seriamente para tener más clara la “película” sobre la grave situación que impera en nuestra comarca y sus consecuencias al combinarlos con las revelaciones brindadas por ese par de malandros. Revelaciones que, en realidad, ya eran secretos a voces; es decir, las negociaciones del “bukelato” con las maras. Así, lo que está ocurriendo en materia económica y social debe ser conocido y comprendido por la gente a la que eso le afectó negativamente ayer, la perjudica hoy y –de no transformar radicalmente el escenario– la joderán aún más mañana.

Comencemos por el endeudamiento público gestado por Nayib Bukele quien, cuando llegó constitucionalmente al Ejecutivo, heredó una deuda superior a los 19 000 millones de dólares acumulada desde la administración de Alfredo Cristiani hasta la de Salvador Sánchez Cerén; finalizado el 2014, ya superaba los 32 000. Así, lo amontonado en poco más de un quinquenio por el actual usurpador presidencial ‒de junio del 2019 a diciembre del 2024‒ representa casi el 60 % del adeudo nacional total durante las tres décadas precedentes. Y continúa enjaranándonos sin freno.

Acerca del crecimiento económico, para el 2025 se prevé que nuestro país sea el penúltimo en la región con un 2.7 %; abajo estará Belice, con un 1.2. De lo que se sabe, El Salvador es el país con menos reservas internacionales netas; el que desde hace años, además, atrae menos inversión extranjera directa que –para colmo– en el 2024 se redujo en casi 79 millones de dólares.

Según opinión fresquita del Banco Mundial, para mejorar en el corto plazo se debe –entre otros asuntos– “implementar reformas integrales que fortalezcan el capital humano de todos los salvadoreños a lo largo de su ciclo de vida (educación, salud), los mercados laborales, la infraestructura y la resiliencia al cambio climático”. Igualmente, “se requieren mayores esfuerzos para que las personas pobres puedan acceder a trabajos de calidad”; también “acciones de intermediación laboral para conectar a los trabajadores con las ofertas de empleo disponibles en el mercado”. Sin embargo, esos consejos siguen cayendo en saco roto.

Al contrario, luego de tardar casi cuatro años en proponer un incremento al salario mínimo –violando el plazo de tres establecido en la Constitución, que es el mayor de Centroamérica– ahora Bukele plantea hacerlo en apenas el 12 %, lo cual resulta insuficiente de cara al alto costo de la vida. La situación, pues, está fregada para nuestras mayorías populares; pero no para las minorías privilegiadas.

No digo, mucho menos aseguro, que pertenecer a ese estrato sea sinónimo de perversidad. Sin embargo, conocidas las declaraciones del par de miembros del “Barrio 18 Revolucionarios” confirmando el involucramiento dentro del mundo criminal de las maras por parte de funcionarios cercanos a Bukele ‒quien en algún momento sostuvo que “hasta cuando hay un baño sucio en algún lugar”, él lo sabe‒ no queda más que conocer las lecciones italianas y aprender de estas en lo que toca al universo mafioso.

Versados en este sostienen que quienes piensan que la mafia es menos peligrosa porque no hay tanta muerte violenta, se equivocan; aseguran que es “quizás más peligrosa que antes porque es aún más invisible”. Las víctimas pasan a ser otras: las de “la explotación en los campos”. Ya no se no se matan entre ellos, para apuntar a lo que siempre fue y seguirá siendo su objetivo: acumular riqueza y poder. Se vuelven una mafia más empresarial, con capacidadd de “reinvertir también en mercados lícitos –no solo en ilícitos– grandes cantidades de dinero”, incluido el que obtienen del narcotráfico.

“Y siempre con mayor capacidad de hacerlo ‒añaden‒ de manera aparentemente legal, creando también empresas offshore en paraísos fiscales pero también metiendo plata en negocios públicos y tomando contratos con el Estado para –por ejemplo– construir grandes infraestructuras o proveer insumos médicos a gran escala”. “Son empresas aparentemente legales, pero en realidad son controladas por personas que pertenecen a la criminalidad organizada”.

¿Les suena?