Esta legislación pretende garantizar el ejercicio de las políticas de modernización de la Administración del Estado, que deben existir debido a una sociedad salvadoreña que está en constante cambio y que El Estado debe estar en sintonía para garantizar los bienes y servicios que la población necesita. Este tipo de transformaciones producen una Administración pública eficaz, transparente y democrática que representa una pieza fundamental para el desarrollo de democracias sólidas y prósperas. Por ello, la Administración pública es una herramienta fundamental en la sociedad, ya que tiene la responsabilidad principal en la creación de los mecanismos que nos permitan buscar soluciones conjuntas a los problemas que se plantean. Las Administraciones públicas deben, ajustarse a los cambios del entorno en el que operan, a las nuevas realidades sociológicas, políticas, culturales o económicas y que tienen como finalidad el desarrollo del país.
El uso de las tecnologías de la información y comunicación se vuelve en la actualidad parte del funcionamiento cotidiano de la Administración Pública, por medio de ellas se hacen cumplir su misión y sus objetivos, implementando cambios en las contrataciones de los servicios del Estado, de esta manera mejorando la relación entre Administración y ciudadanía, teniendo servicios públicos de manera más ágil y eficaz, en los cuales las relaciones con los ciudadanos, las empresas y la Administración serán de manera más transparente, abierta y participativa; por ejemplo la eliminación de barreras de acceso en tiempo y espacio, facilidad en las comunicaciones, igualdad en el acceso a la información, aumento del intercambio de información y la suma de estos beneficios se mejora calidad de vida para los salvadoreños. De este modo favoreciendo al fortalecimiento del gobierno digital y la innovación de la gestión pública.
Es evidente que la automatización de la Administración pública y la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación debe ir junto de una reformulación de los procedimientos y de las organizaciones, de un cambio tanto organizativo como institucional que permita adaptarse a las necesidades actuales. Ello está siendo impulsado por un liderazgo político que la actual Asamblea Legislativa está cumpliendo con la creación de una ley que permite garantizar la seguridad jurídica.
Otra novedad, es la creación de un tribunal de Contratación Pública, Como órgano jurisdiccional competente tiene por misión el conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con instituciones públicas, esto es una prueba de creación de nuevas herramientas a los ciudadanos, de permitirles el acceso al derecho de justicia y al derecho a la protección jurisdiccional, permitiéndoles hacer valer sus derechos de forma justa y equitativa que antes no tenían.
En conclusión, la modernización de la Administración pública en nuestro país, con lleva a la creación de esta normativa legal que es parte de nuestro esfuerzo reformador para mejorar los servicios públicos a los ciudadanos y a una mejor coordinación de los distintos órganos de las Administraciones públicas. Es dejar claro que debemos tener suministro de bienes y servicios de acuerdo a los nuevos tiempos.