Por ello, sin duda, la definición de esta sigue siendo exactamente la misma que formuló Oswaldo Escobar Velado a finales de la década de 1950: nuestra patria es “un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres”.
La institucionalidad oficial, si así se le puede llamar, ha sido la mesa sobre la cual unos pocos se han servido y continúan sirviéndose con la cuchara más grande; son sus patas las elecciones fraudulentas o los golpes de Estado, la demagogia, la represión y la corrupción. Tras la guerra, le rebajaron a la tercera y ensancharon la cuarta; pero hoy, todas están creciendo. Eso sí, ante los diversos y persistentes atropellos contra la dignidad humana, siempre han existido personas que se han alzado en defensa de la misma empuñando las armas o mediante la denuncia valiente de lo perverso e injusto.
Entre estas destaca la figura de san Romero de América; también las de Anastasio Aquino, Feliciano Ama, Segundo Montes, Marianela García Villas y tanta gente más que dedicó su existencia a dicha causa enfrentando altos riesgos e, incluso, a costa de sus vidas arrebatadas por los hacedores de la infamia y sus lacayos armados. La protección de las víctimas y el señalamiento de sus victimarios se convirtió en una osada y riesgosa tarea dentro del país durante la preguerra y la guerra; tras el final del conflicto bélico, surgió para ello un espacio constitucional dentro de la arquitectura estatal: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Con esos antecedentes y semejante recorrido de combates, sacrificios y dolores patrios ahora resulta que Nayib Bukele –a punto de cumplir su cuarto año en el cargo– se saca de la manga un comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión nacido en Colombia. Su nombre: Andrés Guzmán Caballero, quien se define como un “consultor” que ha brindado “asesorías sobre seguridad en entornos virtuales”.
Su nacionalidad no es problema, pues el carácter universal de los derechos humanos no admite falsas e hipócritas “soberanías” como las que alega el actual régimen cuando desde el exterior lo acusan de quebrantarlos. Lo que realmente preocupa es que, con su nombramiento, no se pretenda defender y promover los derechos humanos de la población salvadoreña –sobre todo de sus mayorías populares– sino tener a alguien que desde su experiencia se dedique a ocultar las violaciones de los mismos o a maquillarlas, sobre todo las consumadas en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2023.
En sus primeras declaraciones, Guzmán Caballero dijo no conocer asuntos tan delicados como la situación penitenciaria y el espionaje cibernético denunciado por periodistas. No obstante, aceptó el cargo. Extraño proceder, pues primero hay que enterarse de los problemas que uno enfrentará y así valorar si es capaz de librar con éxito las batallas para superarlos. Si no sabés de qué tamaño es el monstruo, no te vas a arriesgar a encararlo sin contar con la habilidad y los recursos para ello.
“Aquí hay un régimen de excepción ‒expuso a otro medio‒ sustentado en más de treinta años de guerra interna”. ¿Perdón? Y continuó así: “El fenómeno histórico que sucede hoy en día en El Salvador no sucede en ninguna otra parte del mundo y la verdad es que se han requerido medidas extremas, las cuales también necesitan sanaciones extremas. Es lo que vengo a hacer”. Después de haber vivido tanto en esta patria exactamente retratada por Escobar Velado, más que con “poetas del alpiste” u otros vendehúmos me identifico con el cardenal Gregorio Rosa Chávez: si aún no sufrimos un “régimen de terror”, vamos corriendo hacia eso. Y eso solo lo “sana” el pueblo organizado defendiendo sus derechos.