Es cierto que la autonomía municipal permite que las nuevas autoridades coloquen a gente de confianza en puesto claves o jefaturas, pero los nuevos alcaldes y sus concejales han llegado a quitar gente a diestra y siniestra, pese a que en campaña prometieron respetar a los empleados, especialmente a los operarios o de campo.
En muchos casos, han colocado como directores de distritos o jefes de diferentes áreas o mandos medios a gente con criterios políticos-partidarios o allegados personales, incluso parientes. Nada de personas con la sapiencia técnica para desempeñar los cargos.
Por ejemplo, despidieron a recolectores de la basura agentes municipales y contrataron a gente que durante la campaña propagandística anduvo con lo colores partidarios. Otros porque sencillamente había que despedirlos porque eran empleados de entera confianza de los alcaldes no reelectos, situación que se entiende, pero que también mereció ser objeto de análisis y un debido proceso.
A los ahora exempleados municipales se les mandó a la calle sin indemnización alguna. Ahora ellos tienen que “dar las vueltas” e iniciar el “calvario” para que les paguen lo que es de ley. Tienen derecho a una indemnización y el concejo la obligación de pagarles, lo cual debe hacerse de manera inmediata y no el año próximo, cuando se contemple en el futuro presupuesto municipal.
Si las alcaldías no tienen dinero para pagar indemnizaciones este año, pues hubieran esperado tener fondos para hacer lo recortes de personal, en los casos necesarios. Algunos municipios que pasaron a ser distritos acumulan deudas con sus empleados, algunos de ellos ya despedidos, pues no les pagaron algunos salarios ni bonos ni aguinaldos atrasados. Es decir que hay despedidos a quienes les debían y ahora no les dan ni cinco centavos.
El Ministerio de Trabajo ha prometido supervisar las 44 municipalidades para garantizar que se cumpla la ley, pero al parecer los alcaldes y concejos amparados en su autonomía municipal han llegado a hacer de las suyas. Los nuevos alcaldes y los que se han reelegido, han cerrado sus ojos al hecho de dejar a las familias sin ingresos, engrosando las cifras de pobreza. Muchos de los cesados son personas de más de 40 años, con pocas oportunidades de ser absorbidos por el sistema laboral o por instancias generadoras de empleos, por lo que forzosamente pasaran a ser desempleados o trabajadores ocasionales o informales. Ojalá no caigan en depresión y se les presenten mejores oportunidades.
Hay que reconocer que algunos municipios habían inflado sus planillas y tenían, como han dicho algunos jefes edilicios “plazas fantasmas” o exceso de personal, burocratizando el servicio a la ciudadanía. Alcaldías de pueblos con poca población y por ende poca generación de ingresos propios, llenos de empleados sin función de utilidad pública. Conocí a un exalcalde (ahora prófugo de la ley), que en el pequeño pueblo de Olocuilta andaba con un ejército de guardaespaldas y una caravana de vehículos. Mejor protegido que el presidente de entonces.
En otras situaciones había empleados de extrema confianza de los exalcaldes y su función era encubrir las malas actuaciones personales y administrativas, en detrimento de la municipalidad. En estos casos las nuevas autoridades no solo les asiste el derecho a despedir, sino también el deber de investigar, documentar y denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posible comisión de un delito, de lo contrario ello caen en omisión de delito.
En cuanto a los puestos de confianza, se entiende que quien lo ocupa ya está sabedor que tiene que poner su cargo a disposición de las nuevas autoridades que, tras analizar la idoneidad, la eficiencia y los resultados puede decidir deponerlo o darle continuidad. Probablemente las personas en los cargos de confianza no sean las idóneas, empero son sustituidos (en algunos o la mayoría de casos) por otros menos idóneos (recomendados, activistas políticos y hasta parientes).
Entonces hay que reconocer la necesidad de sanear las municipalidades y administrativamente era o es imposible evitar la reducción de personal, pero se debió hacer de manera ordenada, legal y sin los absurdos criterios políticos. Tal vez en algún distrito haya deficiente cantidad de empleados y los traslados sean los ideales.
Es una lástima que las nuevas autoridades edilicia hayan hecho tanto despido indiscriminado, pues aunque es necesaria una recomposición y un ordenamiento administrativo con el nuevo sistema de municipios y distritos, se les ha pasado la mano y han cometido abusos en nombre de la autonomía municipal.
Los empleados municipales despedidos están en todo su derecho de reclamar lo que por ley les corresponde. Tienen derecho a un debido proceso, a ser indemnizados a recibir todos los emolumentos legales. El derecho al trabajo y la tranquilidad familiar son sagrados y nadie que se valga de un poder tiene derecho a pisotearlos.