Buena parte de las calamidades económicas padecidas en el mundo, previsiblemente aparecerían después de la horrenda pandemia y confinamiento que asoló a la humanidad afectando la productividad, elevando los costos y entorpeciendo las cadenas de abastecimiento. Luego, la invasión de Rusia en Ucrania, que además de la crueldad y horrores de la guerra puso en relieve la incapacidad diplomática y falta de voluntad política que terminaron prolongando un conflicto que amenaza con extenderse, aumentando los precios de los insumos agrícolas, alimentos y combustibles; además de disparar las tasas de interés complicando el acceso a los créditos. Hubo suficientes señales y tiempo para que el gobierno de Bukele adoptara estrategias y planes para enfrentar la crisis, sobre todo alimentaria.
En este contexto los productores salvadoreños hicieron su parte con un enorme esfuerzo por mantener la producción de alimentos. La cosecha 2021/2022 generó 23.2 millones de quintales de granos básicos, un 5% más que la cosecha precedente. Resultado de ese empeño la producción de maíz aportó 18.4 millones de quintales y 2.3 millones de quintales de frijol. El déficit estuvo en arroz, con una producción que cayó en 95,731 qq, alcanzando apenas de 421,212 qq y el sorgo que alcanzó los 2 millones de quintales, con un déficit de 300,000 qq. La perspectiva de este año es que se reduzca la producción.
En el país hay una fuerte industria avícola con un estimado de 600 granjas productoras de más de 100 millones de huevos al mes y 290 millones de libras de carne de pollo mensuales, producto del manejo continuo de 75 millones de aves para carne y 5 millones de gallinas ponedoras. Por lo tanto, la crisis del alto precio del huevo está vinculada a la incapacidad gubernamental para generar estímulos y mecanismos de abastecimiento de materias primas donde, como lo propone la principal gremial de productores agropecuarios (CAMPO), el gobierno debería comprar directamente insumos agropecuarios para bajar los costos de producción, así como controlar más a los intermediarios (coyotes) que sin asumir riesgos productivos elevan artificialmente el precio de insumos a los productores y a los consumidores, mientras la Defensoría del Consumidor no pasa de efectuar, como dicen en el campo “carreras de chucho haragán”, sin controlar nada.
El precio de la Canasta Básica con apenas 22 productos ronda los $250, un incremento del 90% durante este gobierno. El queso fresco subió de $1.50 a $2.60, el quesillo de $2.60 a $3.00; el duro blando de $3.90 a $5.00; el frijol de seda llegó de $0.65 a $1.40, y la última proteína otrora alcanzable para la población alcanza los $6.50 por el cartón del huevo grande, o $0.25 ctvs por unidad en las tiendas para quienes no pueden comprar el cartón, lo que lleva a que se termine pagando $7.50 por 30 huevos.
Esta crisis tiende a profundizarse, la población más pobre ha pasado a reducir la ración de alimentos a dos tiempos de comida al día; otros mezclan huevo con arroz o tortilla picada para que abunde. Mientras el gobierno sigue sin una estrategia alimentaria que amplíe las capacidades productivas, continúa dilapidando fondos públicos en la compra de Bitcoin, derrocha millones de dólares en publicidad, proyecta luces y pasarela para Miss Universo, gasta energía eléctrica en el “minado” de criptos en lugar de bajar el precio de la Luz. Es urgente quitar el IVA a los alimentos y a los insumos agropecuarios, generar líneas blandas de crédito a los productores, compras gubernamentales directas de insumos agropecuarios para favorecer a los productores y ampliar los sistemas de riego.