Hace un par de semanas el Gobierno salvadoreño, en una rimbombante cadena nacional, anunció la implementación de 11 medidas para enfrentar el impacto de la inflación en la población salvadoreña, de las cuales la mayoría tienen un carácter administrativo como la agilización de autorizaciones de importación, procesos de supervisión de precios y calidad de combustibles, gas propano y transporte colectivo y renegociación de contratos energéticos; la existencia de un impacto real de estas medidas en las condiciones de vida de las personas resulta cuestionable.
En un contexto inflacionario, dentro del paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo, cuatro resultan relevantes: la suspensión por tres meses del “impuesto de guerra”, que permitiría reducir en USD 0.16 el precio del galón de combustible; la suspensión de tres meses prorrogables de la Contribución al Transporte (COTRANS), que representa USD 0.10 por galón de combustible; además se incrementará el subsidio al gas propano a USD 8.04 y suspensión durante un año de los derechos arancelarios de importación (DAI) a un listado de productos de la canasta básica.
Las primeras dos, y de acuerdo a las estimaciones presentadas por el propio Gobierno, tendrán un costo USD 24.5 millones durante tres meses, lo que representa un agujero para la recaudación tributaria, que hasta el momento no se ha aclarado cómo se financiará. En contraposición a su costo fiscal, el efecto de la suspensión de ambas contribuciones difícilmente será percibido en el bolsillo de la población, porque el precio de los combustibles depende de la especulación y expectativas en los mercados internacionales y los escenarios muestran que la tendencia al alza se mantendrá en los próximos meses.
Respecto al subsidio al gas propano se debe tener en consideración que no hay claridad respecto al costo de su implementación, ni sobre los mecanismos ni fuentes para su financiamiento; y, que su inclusión en el paquete de medidas no incluye ninguna revisión o redefinición de su esquema que permita garantizar que hogares en situación de pobreza sean beneficiados.
Adicionalmente, los efectos relacionado con la suspesión de los DAI de productos básicos pueden ser muy limitados. Para ello se debe considerar que las importaciones de dichos productos provienen principalmente de Estados Unidos y países centroamericanos, con quienes El Salvador tiene vigentes tratados de libre comercio, es decir que la importación está libre del pago de aranceles. Esta medida podría tener algún impacto positivo en la medida que el país diversifique sus socios comerciales.
Las medidas anunciadas tienen un carácter paliativo, que representan más presiones para la hacienda pública, pero que al mismo tiempo resultan insuficientes para mitigar el impacto de la inflación en la población salvadoreña. Ante este escenario el Gobierno debe definir un plan económico con medidas de corto, mediano y largo plazo que permita enfrentar no solo la inflación y sus impactos, sino también para fortalecer la economía nacional. Dicho plan no puede dejar de lado la creación de un sistema de protección social, que resguarde a la población más vulnerable; el incentivo de la producción nacional, incluyendo líneas de crédito preferenciales; el fortalecimiento del Estado de derecho e institucionalidad democrática, para reducir los niveles de riesgo país y poder mejorar el acceso a financiamiento. La improvisación y la propaganda no serán suficientes para enfrentar la inflación y el resto de problemas económicos de El Salvador.