Si hay un servicio que más siente la población es la salud. No hay nadie que no haya vivido una situación donde uno mismo, algún familiar o amigo haya necesitado ir a algún centro de salud. De acuerdo a los datos oficiales, entre 2015 y 2021, la proporción de la población, que vive en hogares cuyo gasto en salud es mayor al 10% de sus ingresos, se duplicó. Atenderse en el sector privado es carísimo y en algunos casos las remesas, se utilizan para ello; sin embargo, la mayoría de la población no puede darse ese lujo.

Por ello, son tan importantes los servicios de salud pública. Desde el primer nivel de atención, a través de las unidades de salud y los ECOS, hasta el sistema hospitalario. Si bien, es cierto que en las últimas décadas ha habido avances, todavía existen enormes brechas y deficiencias para garantizar que la salud sea un derecho para toda la población.

Es constante ver la frustración y la impotencia cuando se llega a un centro de salud y le indican que no hay en existencia la medicina que necesita y que por lo tanto tendrá que comprarla, o cuando le indican la cantidad de tiempo que tiene que esperar para que se le haga una intervención quirúrgica o para que el médico lo vuelva a ver.

Muchas veces los reclamos se los lleva el personal de salud, pero en realidad ellos no son los culpables, por el contrario, ellos hacen malabares y un esfuerzo extraordinario para que, con recursos tan limitados, la situación no sea peor.

En un contexto donde la inflación ha aumentado, pero los ingresos no, el poder adquisitivo de las familias se ha disminuido y lo que va a pasar es que personas que antes podían pagarse una consulta o comprar una medicina en el ámbito privado no lo podrán seguir haciendo y por lo tanto habrá una mayor demanda de los servicios públicos de salud. Y ahí es clave el presupuesto público.

Si bien es cierto que desde 2020, explicado principalmente por la pandemia, el presupuesto para el ramo de salud aumentó, todavía los niveles están lejos de lo que debe invertirse para garantizar el derecho a toda la población. Por ello es indignante que el proyecto de presupuesto para 2023, contenga un recorte al ramo de salud. Pues el presupuesto pasaría de 3.9% del PIB, que es el presupuesto vigente para 2022, a 3.5% del PIB para 2023, es decir un recorte de casi del 10%, es decir, unos USD64 millones.

Esto se ve reflejado en la reducción del presupuesto de 13 hospitales, incluidos el Hospital Rosales y el Hospital Nacional Especializado de Niños Benjamín Bloom. Es decir, desde el Ejecutivo, se está planteando que para 2023 la situación de salud sería peor que la que se tiene en estos momentos. Si se tuviera una verdadera separación de poderes, la Comisión de Hacienda no se dedicaría a ver quién es el que más el adulador con los titulares de las carteras, sino que les cuestionaría sobre los motivos para la reducción del presupuesto de salud y los impactos esperados en la reducción de la calidad y cobertura de los servicios que presta. Además, utilizando el poder que tienen corregirían esta situación y en el dictamen a aprobar, aumentarían los recursos a salud.

Esta situación indigna más cuando el mismo proyecto de presupuesto, presenta incrementos exorbitantes para la Secretaría de Prensa y para la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. El mensaje es claro: para 2023 los servicios de salud (medicinas, atención hospitalaria, cuidado de las personas, entre otros) no son una prioridad y serán peores, pero la gente tendrá una publicidad (vídeos bien hechos) que buscará hacerle creer que todo está bien.

Esto podría explicar porqué intentaron ocultar tanto tiempo el presupuesto: para que la población no se enterara de estas decisiones erradas. Pero ahora que se sabe es clave alzar la voz. Exigir el derecho a la salud y un presupuesto suficiente que lo garantice debería ser un tema que una a diversos sectores de la sociedad. De lo contrario, el resultado ya lo sabemos: menos derechos, pero más propaganda.