El Salvador es un país que reconoce el derecho a la educación de todas las personas y, aunque muchas mujeres hemos tenido el privilegio de formarnos en diferentes niveles educativos, aún hay casi 400 mil salvadoreñas que no saben leer ni escribir y 1 de cada 7 niñas y adolescentes se encuentra fuera de la escuela por motivos como el que los padres no quieren que asista, porque deben realizar tareas domésticas o carecen de los recursos económicos suficientes.
En nuestro país también existe una serie de instrumentos legales para la protección de las niñas y las adolescentes, incluyendo el ámbito de la salud. Se cuenta con acciones definidas para abordar los temas de educación sexual y prevención del embarazo, así como la sanción por delitos de violación a menores, algo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las niñas. Pero al mismo tiempo, y como reporta el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, el 22% de los embarazos corresponden a madres entre 10 y 19 años de edad; y, tan solo entre enero y septiembre del año pasado, 410 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, poniendo en evidencia que la violencia sexual en contra de nuestras niñas está naturalizada. Y a pesar de ello, nuestro país sigue manteniendo la penalización absoluta del aborto.
El Salvador también cuenta con una Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, resultado del arduo trabajo de las mujeres salvadoreñas y que constituye un hito en el reconocimiento legal de nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación. Aun así, durante 2021 la Fiscalía General de la República registró 132 feminicidios 3,284 casos de violencia sexual contra mujeres, de los cuales en el 18.5% de los casos la víctima fue una niña menor de 12 años.
En este contexto, resulta aún más absurdo recibir una felicitación por ser una mujer, en especial en un país como El Salvador. Cada 8 de marzo debe ser un llamado urgente a la acción, especialmente aquella que se puede hacer desde lo público para garantizar los derechos de las mujeres. El Estado debe implementar acciones concretas para fortalecer el marco legal e institucional que protege a las salvadoreñas, es inaceptable que ante el no cumplimiento de una ley la respuesta de las funcionarias sea derogarla, por el contrario se debe fortalecer el rol de todas las entidades públicas vinculadas con su cumplimiento.
La garantía de los derechos de las mujeres salvadoreñas requiere que el Estado ratifique una serie de compromisos pendientes como: el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio 189 sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, el Convenio 190 y la recomendación 206 sobre la violencia y el acoso; y, cumpla con los compromisos nacionales e internacionales previamente asumidos, incluyendo los contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El cumplimiento de dichos compromisos requerirá de la implementación de políticas públicas integrales en materia educativa, sanitaria, ambiental, social y económica. Además, requerirá que el Estado movilice los recursos fiscales suficientes para financiar cada intervención de política pública y garantice su ejecución proba y transparente.
Transformar nuestro país hacia uno más igualitario, más inclusivo y más justo es posible, pero eso no se puede lograr sin mujeres, no sin mujeres que gocemos plenamente nuestros derechos.