Cobrar por permitir el estacionamiento temporal en la vía pública debe ser prohibido y sancionado con multa, incluso debe ser considerado una falta grave que en un momento pueda convertirse en delito si se acosa al conductor para que pague o se le amenaza con daños al vehículo, como suele suceder.
En el país no hay suficientes estacionamientos autorizados por lo que en algunas calles de menos tráfico vial es posible estacionarse a la orilla, empero muchas personas y establecimientos de cualquier tipo se han apoderado de las vías y colocan obstáculos para convertirlos en estacionamientos privados o exclusivos, generando con ello un grave problema para los conductores y en algunas situaciones provocando congestionamientos.
Los conductores se pueden estacionar de manera provisional en cualquier calle o avenida secundaria menos frente a cocheras, portones o salidas de emergencia. Si mi casa está frente a la calle, yo no pudo impedir que se estacionen en ella, toda vez que no lo hagan frente a la cochera, porque ni siquiera soy dueño de la acera, de tal manera que nada me faculta a colocar conos, barriles o cualquier tipo de obstáculos. Se han conocido casos de intolerancia donde los propietarios de edificaciones o viviendas particulares prohíben el estacionamiento en la calle frente a sus propiedades. Esos casos son abusivos y deben denunciarse para que dichas personas reciban sendas sanciones.
Por los anterior es bien visto que las autoridades municipales de San Salvador Centro hayan iniciado desde la semana pasada el retiro de obstáculos en calles y avenidas, así como el retiro de vehículos en mal estado o que han sido abandonados en aceras, impidiendo el paso peatonal o exponiendo al peligro. La labor debe ir más allá y también debe procederse al retiro de casetas y portones de acceso en algunas colonias, residenciales o comunidades que intercomunican a dos sectores diferentes, con lo cual seguramente se evitarán muchos atascamientos viales. Hay sectores donde los peatones y conductores deben circular cuadras de más porque no se les permite el paso de una colonia a otra por la existencia de un portón. Esas cuadras de más significan gasto y perdida de tiempo.
Lo de San Salvador Centro debe ser replicado por el resto de 43 municipalidades del país, pues es cierto que en todos los distritos o la mayoría de ellos hay ciudadanos abusivos que colocan obstáculos en la vía pública. En San Salvador, donde el tráfico es mayúsculo, el problema es más sensible y visible, pues hay colonias o lugares donde inclusive llegan personas de otros sitios a apoderarse de las calles y a cobrar por permitir estacionarse en la vía pública, bajo el argumento que cuidarán el vehículo, so pena de algún daño material.
No hay razón para pagar porque nos cuiden los vehículos ni para pagar por estacionarse en las calles de poco tráfico, ya que viviendo en un país “libre y seguro” podemos y debemos hacer uso correcto y legal de la “cosa pública” y la red vial es parte de ella. Nadie, absolutamente nadie, puede impedir el paso peatonal en las acerca y el estacionamiento en las calles y avenidas secundarias o de poco tráfico, por lo tanto el retiro de todo objeto que obstruye dicha acción es una medida necesaria, bienvenida y aplaudida.
La ciudadanía tiene que hacer valer sus derechos y en tal sentido tener plena conciencia que las aceras son de uso peatonal. En ellas no debe haber objetos abandonados que impidan la libre circulación. Las aceras no son para el funcionamiento de talleres automotrices, bazares, pupuserías, comedores o cualquier suerte de negocios o comercios. La alcaldía de San Salvador Centro ha procedido a advertir a los dueños de vehículos abandonados en aceras o la vía pública que procederá al retiro de los mismos. Muchos vehículos convertidos en chatarra son fuente de contaminación y obstructores del paso peatonal.
Hay colonias donde los talleres funcionan en aceras y en la calle. Negocios de alimentos que se toman las aceras y generan que la gente se pase a la vía pública exponiéndose a ser atropellada. Toda esta situación debe ordenarse con normativas contravencionales desde las municipalidades, responsables del orden territorial local.
No se debe permitir los talleres o negocios en la vía pública, salvo en lugares adecuados para ello. Los municipios deben ordenarse y con ello ayudar a mejorar el tráfico vial y peatonal. Ningún particular es dueño de la vía pública y todos tenemos derechos a usarla de la manera correcta. Retirar los obstáculos que impiden el libre flujo en aceras y vías debe ser una función permanente de las municipalidades para ordenarnos aunque sea un poco. Ordenemos el país.
• Jaime Ulises Marinero es periodista