Pero aún entre dudas e incertidumbres llegó el 1 de mayo, las sedes de los ahora distritos amanecieron hondeando la bandera del nuevo municipio al que pertenecen, como intentando marcar un antes y un después, pero más allá de un gasto en banderas innecesarias y logos que parecieran hechos en paint, los desafíos y problemas que afectan a la población de cada localidad siguen estando ahí, y como si eso no fuera suficiente, también han surgido otras complicaciones que evidencian la improvisación y los vacíos de la medida.
Por ejemplo, algunos municipios reportaron problemas para hacer trámites como la solicitud de partidas de nacimiento o defunción, porque tal como lo reportó el Registro Nacional de las Personas Naturales, se requería que los respectivos concejos municipales designaran a los encargados del registro de lo familiar de cada uno de los nuevos municipios. Algo completamente previsible y que debió resolverse antes del 1 de mayo.
Esta transición también ha estado marcada por decisiones discrecionales de los concejos municipales, particularmente en lo que se refiere al nombramiento de las jefaturas de distrito y modificaciones a los salarios de las autoridades municipales.
Las jefaturas de distrito serán las responsables de administrarlos bajo las directrices de cada concejo municipal, en otras palabras, ejercerán como un alcalde distrital, con la salvedad de que no fueron elegidos mediante el voto de la población. En algunos casos se ha tratado de legitimar estos nombramientos señalando que serán ad honorem, pero eso solo levanta más sospechas porque nadie trabaja de gratis, entonces quién financia a estos funcionarios, a qué intereses responden. Dado su rol estratégico dentro de la administración de los gobiernos locales se debería esperar que personas idóneas ocuparan estos puestos; pero en la práctica los nombramientos se han basado en la cercanía con los alcaldes y sus concejos, se desconoce si las jefaturas distritales conocen el contexto y las problemáticas de la localidad que deberán gestionar o si tienen experiencia alguna en la gestión municipal.
La primera sesión de concejos municipales fue interpretada por varios funcionarios como la oportunidad para incrementar sus salarios, dietas y gastos de representación, aumentos incluso de miles de dólares bajo el argumento de que ahora los alcaldes tendrán más trabajo. Estas decisiones fueron conocidas gracias a diversos medios de comunicación y denuncias en redes sociales, generando el rechazo de la ciudadanía que lanzó cuestionamientos sobre la congruencia de esto con el hecho de que la reducción de municipios tuvo como uno de sus principales argumentos acabar con el saqueo, la corrupción y el mal uso de los recursos municipales.
Varios alcaldes se retractaron de esa decisión, con explicaciones absurdas como que su verdadera intención era donar esos recursos de regreso a las municipalidades. Incluso funcionarios de gobierno y diputados oficialistas salieron a condenar a los alcaldes exigiendo rendición de cuentas y transparencia, condenando el incremento de salarios, una ironía considerando que ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Legislativa cumple con esos estándares. Por ejemplo, todo el listado de información que el gobierno ha declarado sobre reservada y sobre la Asamblea incluso se desconoce cuántos empleados tiene asignados la fracción de Nuevas Ideas. Ese órgano tampoco ha explicado por qué si la cantidad de diputados se redujo en un 28.6% para generar ahorros, el presupuesto de este año solo se redujo en un 6.0%.
La falta de consideración de los impactos de la reestructuración municipal previa a su aprobación requirió que la Asamblea Legislativa aprobara otra ley para otorgar dos años para la transición. Los primeros días de las nuevas administraciones municipales no dan muy buenas señales, qué pasará cuando se empiece a discutir las tasas que cada municipio cobrará o las ordenanzas que aplicarán. Ojalá estos dos años no se pierdan resolviendo problemas que se debieron considerar antes de decidir reestructurar los municipios, sino buscando dar respuestas a las necesidades de las personas. Porque hasta ahora lo que se ha tendido es una desestructuración y las prácticas abusivas y opacas. Más de lo mismo.
• Lourdes Molina Escalante es Economista sénior de Icefi @lb_esc