Entre estos está, por ejemplo, el Gobierno salvadoreño. Sobre todo en lo que respecta a un asunto tan delicado y maltratado históricamente en esta nuestra dolorida tierra: el de la situación de los derechos humanos de sus mayorías populares. El sitial principal en dicho “oficio” lo ocupa el colombiano Andrés Alberto Guzmán Caballero, a quien Nayib Bukele designó ‒el 24 de mayo del año en curso‒ comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión. En su país natal solo duró seis meses en el puesto que le sirvió de trampolín para asumir en el nuestro dicha responsabilidad, ya que apenitas el 9 de noviembre del 2022 había sido juramentado como defensor delegado para los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión como parte de la Defensoría del Pueblo.
De abogado versado en jaqueos allá en Colombia, apareció acá convertido en la principal figura del oficialismo dentro de tan delicado y crucial ámbito para la buena salud de lo que ‒hasta el 2019‒ aún era una incipiente y flaca democracia. ¿Cómo censuraría a su padrino, independientemente de lo que este haga, siendo además su admirador confeso? Guzmán Caballero es lo que hoy es, por encima de Raquel Caballero de Guevara quien por segunda vez fue nombrada procuradora para la defensa de los derechos humanos. Este cargo, a diferencia del que Bukele se sacó de la manga, es producto de las negociaciones y los acuerdos que posibilitaron finalizar la guerra hace más de tres décadas; además, tiene rango constitucional. Pero pese a esas diferencias fundamentales, en algo coinciden él y ella: su principal oficio es el de ser palabreros del régimen y dentro de este, sobre todo, del régimen de excepción. ¿Poderoso caballero...? A las pruebas me remito.
“El régimen está diseñado solamente para los pandilleros, para los terroristas; no para las personas que trabajan, de bien, para los civiles”, afirmó recientemente Guzmán Caballero ante representantes del Parlamento Europeo. Asimismo, el 14 de julio del año en curso le manifestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no hay víctimas de torturas; tampoco persecución a periodistas, pues “no hay una sola denuncia” en sede fiscal o en la oficina de la procuradora Caballero de Guevara. Pero lo desmiente Víctor Barahona, periodista comunitario, quien denunció haber sido torturado psicológicamente en prisión y permanecer en la misma durante once meses sin recibir atención médica. La procuradora, por su parte, no cree que hayan encarcelado a personas inocentes en el marco de dicho régimen. Eso dijo hace unos días pese a que Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, declaró el mes recién pasado que “ninguna Policía del mundo captura solo a culpables”.
Pero qué se puede esperar de ambos si su jefe, al cual sirven para maquillar el sombrío estado de cosas nacional, acaba de estar asegurando en la sede neoyorquina de Naciones Unidas que el café salvadoreño es “el mejor del mundo” e intentando hacer creer que –como en Nicaragua– la mano dura de la dictadura es la solución para nuestros males. La fotografía de Bukele con el canciller de Daniel Ortega y el embajador del mismo ante dicho organismo internacional, deja mucho a la imaginación; también la apertura de relaciones diplomáticas con Guinea Ecuatorial y Ruanda, cuyos tiranos se han mantenido en el poder durante 44 y 23 años respectivamente.
¡Ay paisito mío! Después de haber sido la cuna del profeta y santo patrono de los derechos humanos, monseñor Óscar Arnulfo Romero, ahora destacás por estar siendo revolcado por cada palabrero... Más que tristeza, es cólera lo que da y es esta la que hará reaccionar a tu pueblo mancillado que -más temprano que tarde-‒ otra vez se levantará encabronado.