En la década de los setenta, cerca de 290,000 personas, principalmente jóvenes, emigraron debido a la inestabilidad política y a los primeros indicios de un conflicto armado inminente. Durante los años ochenta, más de medio millón de personas se vieron forzadas a abandonar el país por el riesgo que implicaba la guerra civil. Además, surgieron nuevas razones, como la reunificación familiar y la falta de oportunidades laborales, apoyadas por redes familiares y comunitarias que facilitaron la migración. En los noventa, a pesar de los Acuerdos de Paz y el crecimiento económico, más de 600,000 personas emigraron, impulsadas por la falta de trabajo decente y la violencia de las pandillas. En las últimas dos décadas, el flujo migratorio ha permanecido constante, con más de 60,000 personas saliendo del país anualmente por estas mismas razones.
Si el enfoque del desarrollo humano sostiene que la verdadera riqueza de un país reside en su gente, la emigración masiva debe considerarse su antítesis: una hemorragia de su principal fuente de riqueza. Las consecuencias pueden ser devastadoras tanto para quienes deciden emigrar como para sus seres más cercanos. Entre los riesgos se encuentran la pérdida de vidas, la exposición a redes de trata y crimen organizado, la separación de familias y la desintegración de comunidades. A nivel macroeconómico, estimaciones del Banco Mundial señalan que los flujos migratorios generan pérdidas potenciales equivalentes al 7% del PIB anual de El Salvador.
Un modelo de desarrollo centrado en las personas en el país debería, por lo tanto, priorizar el arraigo de la juventud y la reducción de la migración irregular. La pregunta es cómo lograrlo. Durante décadas, el gobierno y la cooperación internacional han implementado diversos programas con este objetivo, pero los resultados han sido limitados.
Investigaciones realizadas por el Observatorio MYPE de FUSAI y el Programa FLACSO-El Salvador han demostrado que la promoción de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de las MYPES es una estrategia eficaz para alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, el informe "El Estado de la Mype: la Otra Cara de la Economía" de 2023 reveló que, aunque un 16.1% de los micro y pequeños empresarios tenía la intención de emigrar antes de iniciar su negocio, solo un 6.1% seguía considerando esa opción después de comenzar su emprendimiento. La disminución en la intención de emigrar fue aún mayor entre los microempresarios de subsistencia, es decir, los más pequeños, así como entre los que se dedican a actividades agropecuarias.
Con el fin de profundizar en la relación entre el fortalecimiento de las microempresas y el arraigo juvenil, este tema se volvió a explorar en el informe "El Estado de la Mype: la Otra Cara de la Economía" 2024, arrojando cuatro grandes hallazgos:
Primero, más del 30% de los microempresarios reporta que al menos un miembro de su familia ha emigrado en los últimos cinco años, y el 19.2% indica que actualmente hay alguien en su hogar que está considerando hacerlo. El segundo es que el 29% de estos empresarios reciben remesas.
El tercero, es que los microempresarios que reciben remesas invierten en promedio el 19.4% de las mismas en sus negocios, un porcentaje quince veces mayor al 1.3% reportado por todos los receptores de remesas en el país para inversión o creación de empresas.
El cuarto, es que las políticas más efectivas para fomentar el arraigo y disuadir la intención de emigrar entre los familiares de microempresarios son: mayor acceso a financiamiento para expandir sus negocios, apoyo para formalizar sus empresas y capital semilla a bajo costo para que sus familiares inicien sus propios emprendimientos.
Estos hallazgos confirman que promover la creación de nuevas micro y pequeñas empresas, así como fortalecer las ya existentes, es una estrategia eficaz para arraigar a la juventud, desestimular la migración irregular y asegurar un uso más productivo de las remesas.
• William Pleites es director del Programa FLACSO-El Salvador