Como no podía ser de otra manera la propaganda gubernamental vende esta propuesta como la mejor del mundo mundial. Pero esto bien podría entrar en la categoría de publicidad engañosa. Especialmente porque uno de los grandes problemas que es el de la cobertura se deja por fuera, por ejemplo, actualmente casi el 80% de la población adulta mayor no tiene pensión en El Salvador y seguirá sin tenerla. Es decir que no abordar la cobertura implica dejar afuera de la reforma a la mayoría de la población.
Uno de los aspectos positivos que más resalta el gobierno es el aumento de la pensión, particularmente la mínima. ¿Quién se podría oponer a que las pensiones sean mayores en un contexto donde el dinero cada vez alcanza menos para sobrevivir? El pequeño detalle es que la propuesta está técnicamente tan mal redactada que eso no necesariamente se concretaría de aprobarse tal cómo se ha presentado. Además, el punto clave acá es ¿alcanzará el dinero para cubrir ese aumento de la pensión? Eso más allá de opiniones lo que lo demostraría es un estudio actuarial, que debería ser público, pero lamentablemente no es el caso por lo que existe el riesgo que la reforma no sea sostenible. Sí este fuera el caso quienes podrían pagar los platos rotos de una mala reforma, por un lado, sería la más población cotizante más joven, pero también toda la población, incluso quienes no vayan a recibir una pensión, pues se establece que cuando el dinero no alcance se tomarán recursos del presupuesto público, lo que implicaría que con los impuestos que paga toda la población, incluyendo los más pobres, se tendría que asumir la insostenibilidad de la reforma.
En el análisis, no se puede dejar de lado que esta propuesta se presenta en un momento en el cual el gobierno tiene serios problemas para encontrar financiamiento y en ese punto llama la atención que sequita el limite que existe para tomar recursos del fondo de pensiones. Claro, no es el gobierno central el que lo haría sino el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que igual estaría controlado por el Ejecutivo. El aspecto más preocupante es que tal cómo está la propuesta queda en el aire las condiciones de la deuda que se transferirían a este instituto, que suman alrededor de USD8,000 millones, dadas las condiciones financieras del gobierno no sería de extrañar que lo busquen es reducir el pago del servicio de la deuda asociada al sistema previsional al menos en el corto plazo.
Otro aspecto que señalan es que se reduce la comisión de las AFP, que actualmente es de 1.9%, pero en esta se incluye el costo de administración y de seguros; y con la reforma sería de 1.0%, pero solo de administración, por lo que, si se suma el seguro, ¿cuándo sería? Luego hablan de reducir las pensiones VIP, pero el texto de ley dice otra cosa.
Con todos estos elementos lo que quiero mostrar es que la discusión de esta reforma debe hacerse con calma de manera exhaustiva, amplia y con base en elementos técnicos. Debería preocupar la prisa con la que la Asamblea Legislativa quiere aprobar esta reforma antes que termine el año.
Ahora que se ha vuelto a colocar el tema en la mesa y existen posibilidades de hacer la reformar, se debe aprobar una buena reforma priorizando el bienestar de la población tanto de las actuales generaciones como de las futuras. De lo contrario se corre el riesgo que esta reforma solo se convierta en publicidad engañosa.