Primero, lamentar que, una vez más, no tenemos un presupuesto por resultados, es decir, que no hay una vinculación entre los gastos e inversiones que se van a realizar con metas y/o resultados específicos de desarrollo.
En materia de ingresos, el Ministerio de Hacienda ha proyectado un escenario extremadamente conservador, con una recaudación de impuestos equivalente al 20.3% del PIB, menor al 21.5% estimado para 2022. Esta es una práctica que los países utilizan para tener un aparente excedente de recaudación que les permita tener una mayor discrecionalidad en el uso de dichos recursos. Ante esto, lo recomendable sería que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto revise dicha proyección, la ajuste con base en criterios técnicos y se incorpore al presupuesto.
Por otra parte, el gasto público refleja un enfoque de austeridad y representará 24.3% del PIB, menor que el 26.8% esperado para 2022. Alguien podría pensar que esta es una buena noticia, porque el gobierno está siendo “responsable” con el manejo de las finanzas públicas, pero lamentablemente esa austeridad se ha aplicado en áreas que deberían considerarse fundamentales para el desarrollo del país como educación, agricultura y salud, justo en un momento en el que 150 mil personas más han caído en situación de pobreza, la mitad de la población no tiene asegurada su alimentación, cada vez más niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera de las escuelas o no han recibido el esquema completo de vacunación que corresponde a su edad. Esta austeridad además de preocupar, indigna, porque al mismo tiempo que el Hospital Rosales y el Hospital Bloom van a tener menos recursos para prestar sus servicios a la población salvadoreña, el aparato propagandístico de la presidencia conformado por la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, van a contar con incrementos en su presupuesto del 38.0 y 71.4%, respectivamente, ¿la propaganda presidencial es más importante que la salud de los y las salvadoreñas?
Aunque para 2023 se plantea un mayor gasto de capital en activos fijos, para que esto se traduzca en algo positivo para la economía del país si y solo si estos recursos efectivamente se ejecutan y no se repiten los bajos niveles de ejecución observados este año. Además, preocupa que la inversión en capital humano se reduce en casi un 70.0%.
La partida más grande para el 2023 es el pago de la deuda (intereses y amortizaciones) que representa casi la cuarta parte del presupuesto, por encima de lo que se asignaría para educación y salud. Dicha partida también tiene que ser sometida a revisión, porque no considera el vencimiento de cerca de USD 2 mil millones de deuda interna.
Ante este escenario, ojalá que el órgano legislativo, particularmente la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, abra la discusión del proyecto de presupuesto a un proceso transparente y participativo que permita transformar el presupuesto hacia uno que responda a los desafíos del país. Un proceso en el que la ciudadanía, la sociedad civil, la academia y otras expresiones de la sociedad puedan brindar sus opiniones, preocupaciones y recomendaciones al presupuesto del próximo año. Esta discusión también debe retomar criterios técnicos que permitan asegurar que los impuestos que todas las personas pagan sean efectivamente utilizados para mejorar la garantía de derechos y el bienestar todas y todos, a la vez que permitan impulsar el crecimiento económico sostenido y sostenible, la creación de empleo y una transparencia fiscal y rendición de cuentas adecuada.