De acuerdo a la más reciente edición de la EHPM en El Salvador: a nivel nacional, 1 de cada 10 personas no sabe leer ni escribir y en departamentos de la zona oriental del país, como La Unión, los niveles de analfabetismo casi llegan al 20.0%. Casi el 40.0% de la niños y niñas de parvularia no asiste a la escuela y en el caso de los y las adolescentes, más de la tercera parte, no cursa sus estudios de bachillerato; en ambos casos la inasistencia escolar muestra una tendencia creciente respecto a los años anteriores.
En el ámbito de salud, la EHPM nos confirma que el sistema público de salud es a donde la población salvadoreña acude en caso de enfermedad; 54.0% de las personas enfermas acudieron a un hospital o unidad del Ministerio de Salud y 12.7% en un hospital o clínica del seguro social.
La encuesta también nos permite identificar que el desempleo continúa siendo un desafío, a pesar de que se redujo respecto a 2020, para 2021 se observa una tasa de desempleo de 6.3%, igual a la observada en 2019; además, el subempleo subió. En materia laboral persisten las desigualdades entre hombres y mujeres, estas últimas reciben un salario promedio que equivale al 85.7% del salario de los trabajadores masculinos. Adicionalmente, de las personas fuera del mercado laboral, 8 de cada 10 son mujeres y la razón es porque desempeñan los quehaceres del hogar.
Más de 40 mil hogares carecen de acceso a la energía eléctrica y más de 192 mil no tienen acceso a agua por cañería. La cuarta parte de los hogares salvadoreños, 24.6%, vive en situación de pobreza; si bien esta proporción se redujo respecto a 2020, aún se encuentra por encima del 22.8% registrado en 2019, en este sentido, vale la pena destacar que la cantidad de hogares que no tienen ni siquiera los ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica de alimentos se ha incrementado de un 4.5% a un 7.8% entre 2019 y 2021.
Las cifras y los datos que nos muestra la EHPM no son importantes en sí mismos, sino que lo son porque detrás de esos números hay personas con derechos a los que el Estado salvadoreño aún les debe respuestas concretas de política pública que les permitan mejorar sus condiciones de vida.
Los resultados de la EHPM de 2021 nos obligan a preguntarle al presidente, a sus ministros y diputados, en su calidad de tomadores de decisores de políticas públicas:
¿Cómo se pretende garantizar el derecho a la educación de la población salvadoreña? ¿Cómo se mantendrá a la niñez y adolescencia dentro de las escuelas?
¿Por qué mantener como información reservada los planes nacionales de salud o educación?
¿Por qué si el sistema público de salud es indispensable para el bienestar de la población, su presupuesto siempre es vulnerable a ajustes a la baja? Por cierto ¿qué ha sucedido con la construcción del nuevo Hospital Rosales?
¿Qué acciones se están realizando para generar empleo de calidad? ¿Cómo se promueve que las mujeres se integren al mercado laboral en condiciones de igualdad con los hombres?
En un país donde aún hay muchos hogares sin acceso a servicios básicos y en situación de pobreza ¿por qué la prioridad en el uso de los escasos recursos públicos es la inversión en proyectos de energía a gran escala para incentivar actividades como el minado de Bitcóin?
Y finalmente, implementar políticas públicas que transformen el país requiere, en primer lugar, conocer ese país y las condiciones en las que vive su población, entonces ¿por qué el gobierno salvadoreño insiste en debilitar la institucionalidad pública y clausurar la Dirección General de Estadísticas y Censos, responsable de elaborar la EHPM?