Pero ¿qué recuento podemos hacer de los últimos cuatro años? Me temo que contrario a lo que la propaganda gubernamental intenta vender, El Salvador dista mucho de ser el mejor país del mundo y está muy lejos aún de tener un gobierno capaz de garantizar derechos y promover bienestar.
En los últimos 4 años hemos experimentado el deterioro acelerado y sostenido de la institucionalidad democrática: existe una clara destrucción de la independencia de poderes, al mismo tiempo el espacio cívico se ha ido cerrando y la persecución y estigmatización de voces críticas del actuar gubernamental -sociedad civil, movimiento social y medios de comunicación- son cada vez más recurrentes.
Esta administración tuvo que enfrentar la emergencia provocada por la pandemia por Covid-19, la respuesta que se dio estuvo plagada de improvisaciones y fue guiada por un enfoque propagandístico y no de política pública. Miles de personas quedaron varadas en el exterior, los centros de contención fueron muy mal manejados, hubo subregistro de los contagios y muertes causadas por el virus, la entrega del subsidio de $300.00 a las familias estuvo plagadas de anomalías, el plan de vacunación y los contratos de compra de vacunas fueron declarados bajo reserva, varios funcionarios – incluidos ministros- tiene señalamientos de haber cometido actos corrupción durante la emergencia.
La falta de políticas públicas integrales de parte de la actual administración también ha repercutido en el retroceso en indicadores sociales. A nivel nacional la pobreza ha aumentado, para 2022, uno de cada cuatro hogares salvadoreños vive en situación de pobreza y 170 mil hogares a nivel nacional no pueden cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica. La mitad de la población salvadoreña padece inseguridad alimentaria, es decir que no comen lo suficiente, o incluso, no comen.
En materia de seguridad, es innegable que las cifras de homicidios se han reducido drásticamente, pero la respuesta gubernamental continúa centrada en la represión, acompañada de un estado de excepción, que no solo se ha traducido en detenciones masivas de integrantes de pandillas, sino también en un instrumento para el abuso de poder de las fuerzas militares y policiales, con numerosas denuncias de detenciones arbitrarias, muertes y violaciones sistemáticas de derechos de las personas detenidas y la vulneración de derechos civiles y políticos de la población.
Finalmente, el ámbito fiscal se ha convertido en la mayor debilidad de este gobierno. El pago de la deuda pública consume cada vez más recursos del presupuesto y rubros clave como salud y educación han sido las variables de ajuste. El deterioro democrático, la falta de un plan de acción en materia fiscal y la adopción del bitcóin como moneda de curso legal han incrementado el riesgo país y limitado las opciones de financiamiento. También se ha observado un retroceso acelerado en materia de derecho al acceso a la información pública y transparencia, así como la implementación de reformas que debilitan y flexibilizan muchos de los controles que blindaban los recursos públicos ante prácticas corruptas. A la fecha no existe la mínima intención del gobierno de cumplir la promesa electoral de construir un pacto fiscal.
Nuevamente nos dirigimos hacia el final de una administración que, al igual que sus antecesoras, privilegia los intereses particulares, al bienestar colectivo; una administración que antepone sus indicadores de popularidad a los derechos de las personas.