La semana anterior se aprobaron reformas a la ley contra el crimen organizado, las cuales en mi opinión se habían tardado años ya que tenía errores y defectos de origen, desde el marco teórico conceptual, pasando por lo extemporáneo para el momento de su aprobación, y lo más lamentable que es la costumbre de copiar y pegar leyes de otros países que no tienen una vinculación con lo que estaba sucediendo en aquel momento en El Salvador.
Cuando se presentaban en sede judicial diferentes requerimientos el sistema estaba preparado para que en esas instancias se vencieron términos y plazos, y a pesar de que las pandillas y otros grupos en El Salvador desarrollan actividades de crimen organizado durante todo el presente siglo solo existían once tribunales a nivel nacional para conocer de estos casos, un diseño verdaderamente perverso y malévolo que beneficiaba a estos actores, grupos de poder y criminales en parte de nuestra sociedad. Se inicia la creación de quince tribunales más, es decir 137% más de incremento en estas reformas que son reformas a la ley orgánica judicial relativas a la competencia contra el crimen organizado.
Uno de los cambios trascendentales es ya no se requiere autorización de la víctima para que se persigan estos criminales y se les procese. Atrás queda el miedo, terror y amenazas que efectuaban sobre víctimas en delitos graves. Las víctimas siempre han estado en desventaja y las posibilidades de éxito eran para los criminales.
Ya era hora que las leyes y código penal se adecuaran a la realidad delictiva y criminal que se permitió se desarrollara durante dos décadas, que más eran acorde a una realidad de otras latitudes donde nunca se han enfrentado a pandilleros y actores del crimen organizado.
También debo reconocer el vital aporte de la Corte Suprema de Justicia por medio de Corte Plena al enviar y promover las reformas respectivas, en esta ocasión no le han fallado al país como en configuraciones del pasado, y se articulan con los Órganos ejecutivo y legislativo en unidad buscando el beneficio de la población. Optimizando los recursos con un principio de política de racionalización para hacer una redistribución de sedes judiciales que presentan una menor carga laboral.
Los trámites relacionados con los procesos penales serán unificados ya que pertenecen a la misma estructura, y esto permitirá y ampliará los esfuerzos por lograr condenas para toda la militancia criminal que enfrente la justicia.
De igual manera el giro y enfoque de la PNC y FGR es procesar estructuras criminales y no personas, sino todos los que participaron como miembros de estructuras de crimen organizado al cometer delitos, ya no existirá impunidad, una visión integral e innovadora, producida por salvadoreños y salvadoreñas que tienen la experiencia de enfrentar a estos criminales, pero sobre todo la voluntad de llevar paz y tranquilidad, así como liberar a los que estaban oprimidos por estas estructuras criminales.
No somos, ni estamos en un país libre de violencia, delitos, criminales organizados, pero no puedo negar estos avances importantes en beneficio de las víctimas, la población, micros y pequeñas empresas, si el establecimiento de bases para combatir la impunidad; asesinar y descuartizar personas ya no es un delito fácil de cometer y que quede en impunidad.
