En los últimos meses, a raíz de los cambios que el gobierno ha propuesto e iniciado en el sistema nacional de salud, diversas organizaciones de la sociedad civil y representantes del gremio médico han expresado preocupación ante la posibilidad de que estas reformas abran paso a una mayor participación del sector privado en la prestación de servicios sanitarios.
Según estas organizaciones, existen indicios concretos de una ruta hacia la privatización. Entre ellos destacan: la nueva Ley de la Red Nacional de Hospitales, que habilita concesiones y un régimen especial de compras con contratación directa de empresas privadas; la creación de una red hospitalaria autónoma subordinada a Casa Presidencial y no al Ministerio de Salud; y la combinación de más de 5,000 despidos en el sector público con la salida de centenares de especialistas del ISSS, fenómeno que debilita la capacidad del sistema estatal y empuja a la población hacia proveedoras privadas. Detrás de un lenguaje positivo sobre la “modernización” del sistema público parece esconderse una tendencia clara hacia su “privatización”, con implicaciones directas sobre el gasto de bolsillo de los hogares salvadoreños.
Las fuerzas económicas señaladas como más influyentes hoy incluyen bancos y organismos internacionales que prestan al Estado; grandes empresas de servicios médicos —como plataformas de telemedicina y firmas de outsourcing de personal—; cadenas de farmacias y laboratorios privados; así como aseguradoras y grupos hospitalarios que buscan expandir el negocio de la salud.
Préstamos internacionales, como el otorgado por la CAF por 77 millones de dólares para “modernizar” el sistema, se ejecutan mediante esquemas que tercerizan servicios, reforzando la dependencia del sector público respecto a empresas privadas. Grupos financieros como Banco Promérica aparecen vinculados a proyectos y fideicomisos que canalizan recursos públicos hacia servicios gestionados bajo lógica empresarial.
Empresas como Manpower Group participan en la contratación de personal médico para programas públicos bajo esquemas laborales precarios, que trasladan fondos estatales a intermediarios privados. Asimismo, una parte creciente de estudios de laboratorio y diagnósticos se realiza en una red de laboratorios privados pagados con fondos públicos, en lugar de fortalecerse la infraestructura del MINSAL o del ISSS.
La expansión de la telemedicina canaliza la consulta pública hacia plataformas privadas y la prescripción hacia cadenas como Farmacia Cristal o Farmacia La Buena, bajo contratos poco transparentes. Paralelamente, el desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos obliga a los usuarios a comprarlos en farmacias privadas, trasladando así el costo de la salud directamente a los hogares.
Aseguradoras y hospitales privados concentran la oferta de servicios de alta tecnología y tiempos de atención más rápidos, accesibles solo para quienes pueden pagar de su bolsillo o cuentan con pólizas. Estos centros se benefician de la saturación —deliberada o no— del sistema público. El gremio médico advierte que la nueva Ley de la Red Nacional de Hospitales abre la puerta para que empresas enfocadas en vender servicios de salud gestionen hospitales y paquetes de atención financiados con recursos del Estado.
Aunque el gobierno presenta estas reformas como “modernización”, sus efectos potenciales son significativos. Uno de los más graves es el incremento del gasto de bolsillo de las familias salvadoreñas. Si la combinación de recortes, despidos y desabastecimiento sigue debilitando la capacidad del sistema público, más personas se verán forzadas a acudir a clínicas, laboratorios y farmacias privadas, pagando directamente consultas, exámenes y medicamentos. La tercerización de servicios y la telemedicina, si dependen de proveedores privados sin regulaciones claras de precios, pueden introducir nuevos “peajes” tecnológicos que terminarán cubriendo las familias.
Los hogares de ingresos medios y bajos —dependientes del MINSAL y del ISSS— serán los más afectados, especialmente en zonas rurales y periurbanas. El modelo que parece consolidarse es uno en el que el gobierno financia infraestructura y parte de la operación, mientras la provisión de los servicios se traslada cada vez más a empresas privadas. El resultado inmediato: un aumento del gasto de bolsillo como proporción del gasto total en salud. La familia salvadoreña no solo financia el sistema público vía impuestos, sino que ahora también debe pagar por la atención que debería recibir dentro de ese mismo sistema.
Frente a este escenario, surge una pregunta inevitable: si las reformas no benefician al ciudadano, ¿a quién benefician?
*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional.
