En todos los países del mundo, las instituciones públicas requieren adquirir bienes o contratar servicios para poder cumplir con sus mandatos y atender las necesidades de la población. Los recursos que se destinan a esas compras y contrataciones son significativos dentro de los presupuestos públicos, lo que les convierte en un botín ante personas corruptas. Por ello desde hace varios años, alrededor del mundo, se han impulsado esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para fortalecer los sistemas de compras y contrataciones públicos.
Estos esfuerzos han contemplado reformas de carácter legal e institucional; la adopción estándares éticos; implementación de modalidades de contratación competitiva; mecanismos de evaluación de calidad; el aprovechamiento de las tecnologías de la información para promover mayor transparencia y rendición de cuentas a lo largo de todo el ciclo de adquisiciones y contrataciones; y, la mejora en los mecanismos de control, denuncia y sanción de malas prácticas.
Lo deseable es que los gobiernos adopten medidas congruentes con el fortalecimiento de los sistemas de adquisiciones y contrataciones que garanticen su efectividad, eficiencia y transparencia. Por eso, resulta preocupante los retrocesos que se observan en El Salvador en esta materia.
A inicios de año, bajo la excusa de modernizar el marco legal, la Asamblea legislativa aprobó, de manera exprés y sin ningún debate técnico, la Ley de Compras Públicas (LCP) que sustituye a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Esta reforma debilita y flexibiliza muchos de los controles que blindaban los recursos públicos ante prácticas corruptas, con base en la experiencia histórica de nuestro país las medidas deberían buscar lo contrario y fortalecer esos controles.
Además, el Sistema electrónico de Compras Públicas -Comprasal- ha dejado de ser de acceso público. Este sistema podía ser consultado por cualquier persona y contenía información sobre las convocatorias para participar en el proceso de adquisición o en licitaciones, las personas o empresas que participaban en cada proceso, las ofertas recibidas, la evaluación de dichas ofertas, las correspondientes órdenes de compras, así como el seguimiento y liquidación de cada proceso. Es decir, información que permitía conocer cómo se utilizan los recursos públicos y responder a cuestiones como: ¿qué compra el gobierno?, ¿a qué precio?, ¿a quién contrata? Es así que Comprasal se convirtió en la fuente de información para muchas investigaciones y reportajes periodísticos que develaron casos de presunta corrupción; y, para denuncias ciudadanas y de organizaciones de sociedad civil de uso inadecuado de recursos públicos.
La limitación del acceso a este sistema representa un retroceso para la mejora en la transparencia en las compras y contrataciones; un deterioro de las posibilidades de participación ciudadana y auditoría social en el manejo de los recursos públicos; pero sobre todo significa el menoscabo de la lucha contra la corrupción que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país.
Discursivamente, la actual administración vende un compromiso anticorrupción y con el uso adecuado y probo del dinero que proviene de nuestros impuestos, pero en la práctica solo se están creando condiciones idóneas para que las contrataciones y adquisiciones se conviertan, una vez más, en un jugoso botín que pueda ser saqueado por cualquier funcionario corrupto.