En El Salvador, el salario mínimo como derecho fue reconocido de forma tardía. Fue hasta en la Constitución de 1950 que, en su artículo 183, se estableció que “todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo”, el cual debía fijarse considerando el costo de vida, la naturaleza del trabajo, los sistemas de remuneración existentes y ser suficiente para cubrir las necesidades materiales, morales y culturales del hogar del trabajador.
Su aplicación concreta, sin embargo, comenzó años después. No fue sino hasta 1961, que se decretó la primera Ley Transitoria de Fijación de Salarios Mínimos, comenzando con el sector comercio. En los años siguientes, se extendieron los salarios mínimos al agro, la industria, los servicios y otras actividades productivas, en algunos casos diferenciando por edad, sexo y tipo de labor. Esta fragmentación sectorial sigue parcialmente vigente, reflejando intentos de adaptación a las capacidades económicas desiguales entre sectores y actividades económicas.
Un análisis histórico de esta política revela una desconexión persistente entre productividad y remuneración. Durante el auge del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (MISI), entre 1950 y 1970, el país experimentó incrementos significativos en productividad laboral, inversión y empleo. No obstante, los salarios mínimos no siguieron esa tendencia. Lejos de mejorar, el salario mínimo agrícola perdió un 14 % de su poder adquisitivo entre 1965 y 1979. En los sectores de comercio, industria y servicios, la pérdida fue del 5 %. En otras palabras, aunque la economía se volvió más eficiente, los trabajadores no se beneficiaron de ello.
Durante la guerra civil (1978–1992), el deterioro fue aún más severo. La inflación desbordada, sin mecanismos efectivos de ajuste salarial, provocó una drástica pérdida del poder adquisitivo. El salario mínimo agropecuario cayó un 71.4 % y el del comercio un 65.4 %, muy por encima de la caída del PIB per cápita.
Con la adopción del modelo neoliberal a fines de los años ochenta, las expectativas eran que una mayor productividad impulsada por la apertura comercial y la inversión extranjera permitiría mejoras salariales. Sin embargo, los resultados no cumplieron esas promesas. Entre 1989 y 2004, los salarios medios reales cayeron más del 12 % y el salario mínimo real en comercio e industria se redujo casi un 17 %. Aunque se produjo una fuerte reactivación económica, los beneficios volvieron a eludir a los trabajadores más vulnerables.
Un cambio importante ocurrió a partir de 2004. Aunque el crecimiento de la productividad fue más modesto, los sucesivos gobiernos mostraron mayor disposición a utilizar el salario mínimo como instrumento redistributivo. Entre 2004 y 2019, los salarios mínimos reales en comercio e industria no solo recuperaron la pérdida acumulada durante los primeros años del modelo neoliberal, sino que para 2019 eran 25 % superiores al nivel de 1989. Este cambio contribuyó a una leve mejora en la distribución del ingreso y al fortalecimiento del poder adquisitivo de los hogares asalariados formales.
Desde junio de 2019, sin embargo, solo se ha autorizado un incremento del 20 %, aplicado en agosto de 2021. Para marzo de 2025, el poder adquisitivo del salario mínimo fijado para la industria, el comercio y los servicios — ajustado por el índice de precios al consumidor (IPC) general— había caído un 13.4 % respecto al momento de dicho aumento, aunque aún se mantenía un 4 % por encima del que tenía en mayo de 2019. No obstante, al considerar específicamente el encarecimiento de los alimentos, el deterioro es más pronunciado: ajustado por el índice de precios de este rubro, el poder adquisitivo actual del salario mínimo vigente en esos sectores es 20.6 % inferior al de agosto de 2021 y aproximadamente 5 % menor al observado al inicio del actual gobierno.
La política de salario mínimo enfrenta, además, desafíos estructurales importantes. El primero es su limitada cobertura: gran parte de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, fuera del alcance de la legislación laboral. Muchos trabajadores por cuenta propia, empleados sin contrato o microempresarios no reciben siquiera el salario mínimo legal. Asimismo, los mecanismos de ajuste siguen siendo poco transparentes y escasamente sensibles a criterios técnicos o de equidad.
Los criterios que suelen emplearse —costo de vida, tipo de actividad económica, niveles de productividad y negociación tripartita— deben fortalecerse sobre una base más empírica y rigurosa. Una política de salario mínimo eficaz debe sustentarse en datos confiables sobre la canasta básica, el nivel de vida de los hogares, la evolución de la productividad y las condiciones reales del mercado laboral. Pero también debe integrarse en una estrategia más amplia de formalización del empleo, apoyo a las micro y pequeñas empresas, y fortalecimiento de las capacidades estatales de inspección y cumplimiento.
• William Pleites es director de FLACSO El Salvador