Es conmovedora la imagen de la multitud despidiendo a su profesor. Son estudiantes y docentes quienes entre sollozos denotan infinita tristeza. Algunos en silencio muerden sus labios, e impotentes aprietan sus puños ante la injusticia. Ofrendan desde una valla de honor su profundo respeto y agradecimiento por el abnegado trabajo de aquel maestro. El profesor con la frente en alto y con mucha dignidad abandona el recinto educativo saliendo por el portón principal del Instituto Nacional de Usulután. Un docente más, que obligado abandona la institución en la que por muchos años cumplió su noble labor educativa de formar generaciones. Esta embestida es parte de la “medicina amarga” de Bukele; medio centenar de despidos solo durante la semana, en venganza por participar, fuera de sus horas laborales, en la multitudinaria Marcha Blanca que valientemente cuestionó el bestial recorte a los programas de salud y educación en el Presupuesto General de la Nación, y la suspensión de los escalafones ganados con mucho sacrificio por la lucha de generaciones de trabajadores.
En esta larga lista de víctimas de acoso, amenazas y despidos está la maestra Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial, quien fuera castigada degradándola de directora de su centro educativo a maestra; y luego ilegalmente despedida, pese a su fuero sindical. Ella es parte de la convocatoria a la Marcha Blanca, que valientemente cuestionó al gobierno por la suspensión de escalafones, abusos y despidos; denunció el incumplimiento de la revisión salarial docente que lleva años de retraso; el recorte de alimentos, útiles, uniformes y zapatos escolares; la ausencia de pensiones dignas para el magisterio; y las precarias condiciones en las que se encuentra la infraestructura de las 5,150 escuelas del país, sobre las que Bukele prometió, y nunca cumplió, reparar un mil por año, a razón de tres escuelas por día. Por esta lucha es creciente la cantidad de docentes despedidos en todo el país.
El acoso y despidos abarcan a los trabajadores de la salud. Son crecientes las denuncias de suspensión de plazas. Ha indignado el cruel despido de una enfermera del Hospital Zacamil quien, tras el atropello del despido y maltrato, expresó su inconformidad y malestar por la supresión de su plaza tras 23 años de abnegado trabajo, medida que contrasta con la evidente necesidad de más personal sanitario en ese hospital. Estos casos demuestran que fue fatuo el reconocimiento de Bukele tras el heroico desempeño del personal de salud durante la pandemia. Hoy esta enfermera fue sacada de su centro de trabajo por la vigilancia armada del hospital; y esa misma noche fue capturada es su lugar de vivienda por un contingente policial, sin explicaciones públicas sobre los móviles de la detención.
Pese a esta larga racha de despidos y amenaza de aplicar el Régimen de Excepción; lideres gremiales de salud, además de participar valientemente en la Marcha Blanca, también presentaron iniciativas, tendieron puentes para emprender un diálogo con el gobierno para solventar urgentes necesidades como fortalecer el sistema primario de salud pública; la desigualdad del acceso a servicios médicos en la ruralidad; atender el grave incremento de la mortalidad materna; atender el preocupante incremento de enfermedades crónicas no transmisibles; y sobre todo, solventar la escasez de medicamentos, insumos, equipos; y contratar más trabajadores de la salud: especialistas, médicos, técnicos; y por supuesto asegurar el escalafón.
El país muestra una acelerada tendencia al deterioro de los sistemas de salud y educación; es preocupante la ausencia de una estrategia y reserva de alimentos; los mismos indicadores gubernamentales demuestran el grave crecimiento de la pobreza; el excesivo endeudamiento público supera el 86% del PIB, es raquítica la inversión extranjera directa; ha caído la producción y las exportaciones; estos indicadores demuestran que el país está a la cola en la región Centroamericana.
Bukele declaró que El Salvador es el país más seguro del hemisferio, por tanto, no se justifica prolongar el Régimen de Excepción; tampoco el millonario incremento al presupuesto militar, ni el aumento de soldados hasta 40,000 efectivos, en detrimento de la Salud y Educación.
¿O acaso la estrategia es dividir a los gremios y aumentar la represión? Si el gobierno necesita ajustes presupuestarios, ¿cómo justifica la compra del lujoso helicóptero presidencial de seis millones de dólares?