El juicio en contra de los ambientalistas defensores del agua, líderes de la heroica comunidad de Santa Marta, distrito Victoria, departamento de Cabañas, región paracentral-norte del país. Agreste trinchera en la primera línea de defensa en la lucha contra de la minería metálica. La vista pública culminó con el sobreseimiento definitivo y puesta en libertad inmediata de los reconocidos ambientalistas injustamente procesados; siendo recibidos con mucha alegría por una multitud de Santa Marta, ADES, organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, movimientos sociales, religiosos y delegados de la comunidad internacional que siempre acompañaron esta justa lucha, hasta lograr su libertad.
El gazapo fiscal consistió en imputar a los detenidos el presunto asesinato de una persona en la zona norte de Cabañas, hecho inespecífico y difuso, que según la Fiscalía ocurrió alrededor de agosto de 1989, en pleno auge de la guerra civil que padeció el país. Sin embargo, como demostró la defensa, la Fiscalía no presentó evidencia concreta, ninguna prueba científica; tampoco el cuerpo de la supuesta víctima objeto del presunto delito; y menos, prueba documental resultante de alguna autopsia. Todo el argumento fiscal, como en muchos casos, giró en torno a un misterioso testigo oculto, que nadie conoce, no se sabe quién es. Su relato, como demostró la defensa, desde el principio fue contradictorio en las distintas etapas procesales. Primero aseguró ser testigo presencial de los presuntos hechos; luego cambió su relato a que le habían contado la historia.
El juicio fue resuelto por el triunvirato de juezas del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque; quienes consideraron extinta la acción penal, por los supuestos delitos imputados de manera arbitraria por la Fiscalía. Esta arbitrariedad comenzó con las detenciones administrativas aquel 11 de enero de 2023. Han significado dos años de calvario para los líderes ambientalistas, quienes hoy padecen de muchas dolencias crónicas; más el daño emergente derivado del lucro cesante, producto de las precarias condiciones generadas por la persecución y confinamiento; abusos a los que también están sometidos miles de inocentes encarcelados por el régimen de excepción. Este irreparable daño humano, económico y social es extensivo a sus familias, la comunidad de Santa Marta, los gremios y asociaciones que como ADES los acompañan de manera solidaria.
Sobre este oscuro proceso fiscal, ya se ha pronunciado el prominente jurista Luis Parada, destacado salvadoreño radicado en Estados Unidos, abogado experto en arbitrajes y derecho internacional, quien ha defendido exitosamente a nuestro país en distintos arbitrajes internacionales. Él ha estado en Santa Marta en distintas ocasiones, conoce a estos lideres ambientalistas desde la lucha en contra de la minería metálica. En una publicación desde su cuenta de “X”, que fuera reiterada el reciente 6 de octubre, abunda en argumentos sobre los siguientes puntos: La FGR nunca debió de haberlos acusado; El Sistema Judicial nunca debió permitir que la acusación llegara a juicio; falta evidencia creíble sobre el supuesto delito y sobre la supuesta autoría de los acusados; ya prescribió la acción penal; la Fiscalía nunca demostró un delito de lesa humanidad, además los acusados tienen derecho a los beneficios de la Ley de Reconciliación Nacional surgida de los Acuerdos de Paz de 1992, debido a su participación en el pasado conflicto.
La Fiscalía no debería alargar el martirio de los lideres ambientalistas apelando el fallo; una acción de esta naturaleza iría en contra de la racionalidad jurídica, el sentido de justicia y la economía procesal; afectaría más a las sufridas familias; además de encontrar nuevamente a una comunidad unida junto a organizaciones solidarias que acompañan esta lucha por la justicia.
Como dice el dicho popular: “no hay mal que por bien no venga”. Este embate fiscal en definitiva gestó una mayor unidad, solidaridad y conciencia; mayor capacidad de coordinación y movilización en la lucha por la protección del agua y el medio ambiente, una firme convicción de lucha en contra de la minería metálica; esfuerzos que siempre deben estar armónicamente combinados con la defensa de los derechos Humanos y la democracia.
¿No sería mejor que la Fiscalía utilizara sus recursos y los del sistema judicial en resolver la docena de expedientes de la CICIES sobre presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Bukele? O, los asesinatos de más de trescientos inocentes, ¿incluido Alejandro Muyshondt dentro de los centros penales?
