Esa fue la respuesta criminal del déspota que no pudo continuar con su idea de perpetuarse en el poder, después de casi 13 años de haber permanecido usurpándolo tras el derrocamiento de Arturo Araujo en diciembre de 1931. Respuesta perversa y sangrienta al malogrado golpe de Estado en su contra, el cual inició ocho días antes de los primeros fallos mencionados que emitió una “justicia” hecha a su medida.
Efectivamente, el 2 de abril de 1944 tuvo lugar el alzamiento en armas que -pese a todo- provocó más adelante la caída del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, quien se vio obligado a renunciar el 10 de mayo del mismo año luego de una semana de activada la decisiva y exitosa huelga general de brazos caídos. Ese Domingo de Ramos de hace 79 años quedó grabado en la historia salvadoreña como una gesta emblemática y ejemplarizante, a partir de la cual se aceleró la lucha contra la tiranía hasta derrotarla.
Y hoy debía evocarla, a sugerencia del querido Víctor Pinaud, no solo como un ejercicio de memoria acerca de lo ocurrido en nuestro país a lo largo del tiempo sino también para tener bien presente que “no hay mal que dure cien años...”. Y es que –como ya lo he comentado en alguna ocasión– lo que el chocho exsandinista ha hecho caminando, el guanaco exfarabundista lo está haciendo corriendo. Por eso, hay que prepararse para lo peor.
¡Sí! Debemos prepararnos para presenciar en El Salvador absurdos como, por ejemplo, el ocurrido en Nicaragua adonde este año Daniel Ortega prohibió celebrar fuera de los templos los actos litúrgicos propios de la Semana Santa. ¿Por qué? Según el régimen, por “razones de seguridad”. Debido a ello, este Domingo de Ramos, que como hace casi ocho décadas también se conmemoró el 2 de abril, no se llevó a cabo la “Procesión de la burrita”. Así, los curas y las religiosas junto a la feligresía no desfilaron con las “subversivas” palmas y no se escuchó la “sediciosa” música de los “chicheros”, al paso de las “levantiscas” y “violentas” procesiones habituales durante ese día. No hubo, además, viacrucis ni santo entierro en la patria de Darío; tampoco el tan esperado “encuentro” entre la madre doliente y su hijo resucitado. Una total y absurda cabronada, sin lugar a dudas, en contra del pueblo católico en el vecino país.
Acá también tuvimos episodios dignos de burla, repudio y condena con Hernández Martínez, que fueron desde la matanza consumada en enero de 1932 hasta sus imaginarios “médicos invisibles” y las ridículas “aguas azules” asoleadas en Casa Presidencial para adquirir propiedades mágicas curativas. La muestra más fresca y reciente de las torpezas oficialistas que se antoja citar es la última ocurrencia del autor de esta frase de antología: “El policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”. Eso dijo el director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, quien acaba de sumar a la anterior una nueva necedad antidemocrática. En un tuit recientemente publicado –refiriéndose al “liderazgo” de Nayib Bukele– aseguró que este había unificado “los tres poderes del Estado” y la Fiscalía General de la República para concentrar “toda una fuerza interinstitucional” y “proteger la vida de los salvadoreños”.
Borrarlo casi de inmediato, es prueba palpable de la “jalada de aire” que le deben haber pegado. Quizás no Bukele, pues este es un “maestro” en producir mensajes y concretar episodios autocráticos; pero alguien debió decirle que desapareciera de la red, inmediatamente, tan monumental torpeza.
Y eso ocurre en un país como el nuestro para el cual se planteó el 4 de abril de 1990, hace 33 años, que su pacificación no llegaría solo con el fin de la guerra; además había que democratizarlo, respetar los derechos humanos y unificar su sociedad. Aparte de lo primero, nunca nos acercamos lo suficiente para afianzar los otros tres grandes componentes de dicho proceso. Pero tampoco nunca, nunca como hoy, habíamos estado tan lejos de los mismos.