Tarde o temprano la justicia atrapa al criminal y le aplica una dosis de sanción. A veces esa dosis es justa, merecida y legal(y por ende celebrada por la sociedad). Otras veces no es proporcional por ser demasiado rigorista o demasiado bonancible.

El 26 de abril de 2016 Gabriel García Ortiz se encontraba trabajando en la lotificación Campestre, en la Playa Los Pinos, en el cantón Cangrejera del Puerto de a Libertad cuando fue privado de su libertad por los pandilleros de la MS-13, José Ángel Ramírez Pascual y Henry Enrique Ayala Chávez. Los pandilleros asesinaron al joven trabajador y con saña los desmembraron y enterraron sus partes en la playa.

El 2 de mayo, seis días después de una intensa búsqueda, un pariente ubicó la fosa clandestina donde habían enterrado a Gabriel. Afortunadamente apareció un testigo que presenció el crimen y en la vista pública efectuada la semana pasada en un Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, su testimonio fue fundamental para condenar a ambos pandilleros a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Contra ambos pandilleros se sigue además sendos procesos por agrupaciones ilícitas por su pertenencia activa en una pandilla o estructura terrorista. En el caso de Ramírez Pascual yace preso, mientras que Ayala Chávez, quien fu condenado en ausencia, tarde o temprano caerá en poder de la justicia para pagar por su crimen.

Otra condena se dio la semana pasada en el mismo tribunal, el cual impuso 30 años de prisión por homicidio agravado e intento de homicidio a los miembros de la pandilla 18 Sureños, Eliseo Alberto Rivera Ortiz y Marvin Ulises Catalán Mendoza, quienes mataron a balazos al joven taxista Geovani Adalberto Capacho Rivas Este crimen ocurrió en febrero de 2022 en la colonia San Antonio, de Zaragoza, La Libertad.

Capacho, de 30 años de edad, conducía un vehículo que usaba como taxi e iba a la colonia San Antonio a dejar a un cliente cuando fue interceptado por los pandilleros que le pidieron sus documentos y luego le dispararon. La víctima logró escapar, pero debido a la lesión chocó y fue entonces que los homicidas lo remataron y dejaron grave al pasajero.
Rivera Ortiz y Catalán Mendoza también tienen procesosabiertos por agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de una pandilla. Fácilmente podrían ser sentenciados a 30 años más de encarcelamiento por todos sus crímenes en contra de la sociedad.

Siempre la semana pasada un tribunal de Sentencia capitalino encontró culpable de homicidio simple a Darlin Suleyma Ramírez, una joven de 23 años de edad, que mató con una tijera que le incrustó en el cuello a Rafael Antonio Rauda, de 58 años. La mujer homicida recibió 15 años de prisión.

El crimen ocurrió la noche del 2 de abril del año pasado en una habitación de un mesón en la colonia Patricia, en Ciudad Delgado. La mujer fue arrestada dos días después y en el juicio se contó con suficiente evidencia que llevó al juzgador a tener la certeza de la culpabilidad de la joven.

Los tres casos descritos sirven para demostrar que el crimen se paga caro, con lo más preciado después de la vida. Se paga con la libertad. Ningún delincuente debe estar libre, pero también ningún inocente debe estar preso. Estoy seguro que hay muchos criminales disfrutando de su libertad y de lo mal habido, así como muchos inocentes pagando por delitos que no cometieron.

La justicia debe ser ciega a la hora de impartirse. Al culpable vencido en juicio hay que condenarlo y al inocente sin pruebas en su contra absolverlo. Hay que devolverle su dignidad y su derecho a quien no ha quebrantado la legalidad.

Hace varios años, en una redada, tan de moda entonces, fue presentada ante un Juzgado Especializado como pandillera una señora de casi 80 años, acusada de colaborar con pandilleros. Resulta que la anciana vendía refrescos a la entrada de un mercado y casi todos los días llegaban dos pandilleros a recoger la extorsión. Como la mujer no les daba dinero, le exigían un refresco cada uno. Esa era la manera de extorsionarla. Los “investigadores policiales” observaron, varias veces, cuando la anciana les daba los refrescos, por lo que el día del operativo la arrestaron y en la acusación le pusieron “colaboradora de pandillas”. En la audiencia de imposición de medidas, la anciana quedó libre y la juzgadora reconvino a policías y fiscales, pues en realidad la señora era víctima de los pandilleros.

Hay muchos casos de personas inocentes guardando prisión. A esta gente hay que ponerla en libertad, si no hay pruebas valederas que den indicios de su participación en hechos delictivos. A los culpables, tras ser vencidos en juicio y con el debido proceso, hay que aplicarles con rigor todo el peso de ley.

Los homicidas, los extorsionistas, los estafadores, los corruptos, los secuestradores, los violadores, y toda suerte de delincuentes debe sufrir las consecuencias de su maldad. Ningún pandillero o criminal debe estar fuera de las cárceles, toda vez que se tenga la certeza de su participación pandilleril o su accionar delincuencial. Tarde o temprano se hace justicia.