Esta debacle será mayor, al considerar la fatídica “Ley Especial para la Reestructuración Territorial Municipal” impuesta por el gobierno de Bukele. Una fatídica sentencia con la que redujeron los municipios de 262 a penas 44; bajo el pretexto de disminuir $250 millones al financiamiento local. Mientras, su gobierno despilfarra centenares de millones de dólares en fallidas iniciativas como el fracasado Bitcoin. Esta férrea centralización administrativa y de recursos en el Ejecutivo es un sinsentido, en relación con la tendencia racional de los países del mundo desarrollado, y en vías de desarrollo, que avanzan a mayores niveles de descentralización, transferencia de recursos y funciones, para empoderar y fortalecer a los gobiernos locales, conectando así con la energía social de las comunidades, motivadas por trabajar tesoneramente en función de su propio progreso. Mientras, Bukele y su gobierno van en sentido contrario, eliminando municipios, y a los pocos que quedan, los despojan de sus escasos recursos y competencias; todo con el perverso afán de centralizar más poder.
Los escasos 13 artículos sustantivos que contiene el Decreto 762 de la “Ley Especial para la Reestructuración Territorial Municipal” fueron aprobado de espaldas a la población el 13 de junio de 2023. Con él fueron abolidos un 83% de los municipios del país. Nunca contó con experticia técnica; no tuvo a la base el resultado del Censo Nacional de Población por la premura electoral de sus patrocinadores. Sus creadores fueron incapaces de establecer un corredor de transición, que luego tuvieron que remendar con el parche del Decreto 1004 del 22 de abril 2024, intentando salvar los vacíos en cuanto a la locación de los palacios municipales o cabeceras, huecos organizativos, normas sobre el uso de recursos, manos libres para el “traslado” de empleados municipales; deudas y préstamos en gestión, legalización del saqueo de los fondos destinados para obras comunales -previamente planificadas-, autorizando esos recursos para ser utilizados de manera discrecional por los nuevos concejos y alcaldes.
Esa transición de dos años es incierta, es un callejón sin brújula y sin salida para los nuevos concejos municipales y alcaldes, carentes de un andamiaje institucional de respaldo que acompañe esa transición. El gobierno de Bukele rompió los instrumentos de navegación de cualquier transición cuando disolvió el FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local), institución que respaldaba las capacidades de planificación y gestión estratégica de las municipalidades; disolvieron al ISDEM (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Municipal) que formaba las competencias de alcaldes, concejales y personal municipalista; y anularon el FODES (Fondo para el Desarrollo Económico y Social) al reducir la asignación de recursos del 10% al 1,5% de los ingresos corrientes que recauda el Fondo General de la Nación. Por si fuera poco, el Ministerio para el Desarrollo Local jamás despegó, es totalmente desconocido en los municipios; y la nueva Asamblea Legislativa decidió disolver la Comisión de Municipalismo, desentendiéndose así de dicha transición.
Durante el gobierno de Bukele la pobreza aumentó de un 22.8% en 2019, hasta el 28.3% al final de 2023, sumando 255,000 nuevos pobre. Estos aumentarán tras los despidos de trabajadores municipales; el desalojo de vendedores; el creciente deterioro económico del país; el cierre de programas sociales, y la violación masiva de derechos humanos. La última herramienta de Bukele, en la “transición” al descalabro municipalista y la pérdida del desarrollo local, es el Régimen de Excepción.