Los retrocesos se ponen de manifiesto en diferentes evaluaciones internacionales, por ejemplo, la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción publicada por Transparencia Internacional a inicios de año, otorgó a El Salvador una puntuación de 33/100 puntos (a menor puntuación, mayor nivel de corrupción), lo que le ubicó en la posición 116 de 180 países, la peor posición desde su ingreso en 1998. Además, los resultados del Índice de Estado de Derecho publicados este año por el World Justice Project muestran que nuestro país obtuvo un puntaje de 0.45/1.00, por debajo de los promedios regionales y globales, evidenciando la persistencia de retos importantes persisten retos importantes para la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y no se puede dejar de mencionar que de acuerdo con el El Índice de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras, El Salvador está en una «situación difícil para ejercer la libertad de prensa».
La falta de voluntad y compromiso de la administración Bukele para promover la transparencia, empoderar a la ciudadanía y luchar contra la corrupción se hizo aún más visible en marzo de este año, cuando la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), dio a conocer que El Salvador dejó de ser miembro de la como consecuencia por no cumplir con los criterios mínimos de elegibilidad de OGP durante dos años consecutivos y no actuar de acuerdo con el proceso de OGP durante su ciclo de plan de acción 2018-2020. Este espacio era uno de los pocos espacios de encuentro entre la sociedad civil y el gobierno.
Pero no solo el Ejecutivo ha menoscabado la transparencia, este año el Órgano Legislativo derogó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y aprobó la Ley de Compras Públicas, que debilita los controles preexistentes y excluye de su ámbito de aplicación los procesos de compras, adquisiciones y contrataciones de proyectos estratégicos que se declaren de utilidad pública o los realizados por la Dirección General de Obras Municipales (DOM).
Los retrocesos y desafíos de transparencia también se evidencian en el ámbito de la fiscalidad. Un año más el proyecto de presupuesto fue elaborado por el Ministerio de Hacienda sin espacios para la participación ciudadana, y la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, hasta el momento, no ha abierto espacios para que actores no gubernamentales puedan presentar su análisis y recomendaciones sobre el anteproyecto de ley. En 2023, también ha persistido el uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), un mecanismo que se caracteriza por su discrecionalidad y opacidad, que pese a que en la ley de presupuesto solo contaba con una asignación de USD 4 millones, al mes de octubre ya había sido utilizado para ejecutar casi USD 160 millones.
Hay otros elementos de opacidad que persisten este año como la no presentación del plan general de gobierno, a pesar de 4 años y medio de administración; la falta de información sobre el uso de recursos públicos utilizados en la implementación de la Ley Bitcóin y la falta de acción por parte de entidades contraloras como la Corte de Cuentas de la República por auditar el uso de dichos recursos; y, la recurrente práctica de las entidades públicas a declarar como inexistente o bajo reserva información vinculada a proyectos de inversión pública.
Promover la transparencia y combatir la corrupción puede ser una plataforma de la que fácilmente puede apropiarse cualquier político o gobernante, en el discurso puede sonar muy bonito declarar una guerra frontal contra la corrupción, pero la única forma de lograrlo es con acciones concretas que promuevan más acceso a la información pública, más rendición de cuentas, más participación ciudadana en los asuntos públicos, lamentablemente, esas parecen ser medicinas que resultan amargas para quienes nos gobiernan.