Esta resolución resulta aún más estratégica cuando se considera que a nivel internacional se está enfrentando una triple crisis ambiental: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, que demanda respuestas inmediatas e integrales. Los países de la región centroamericana no son inmunes a estas crisis, basta ver las temperaturas cada vez más extremas que se experimentan; los estragos que unos minutos de lluvia intensa puedenprovocar en la infraestructura vial y de vivienda; los cada vez más frecuentes y extensos incendios que consumen nuestros bosques; o, el número cada vez mayor de personas que se ven forzadas a desplazarse de su lugar de origen a causa de la ocurrencia de desastres.
Si bien los seis países de Centroamérica votaron a favor del reconocimiento de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano aún hay mucho camino por avanzar. Aunque la resolución tiene un carácter más político que vinculante, sus implicaciones no son ajenas a los compromisos previamente asumidos por la región en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, entre muchos otros acuerdos ratificados desde hace varias décadas. Pero, sobre todo la adopción de esta resolución está en completa sintonía con los mandatos que los Estados centroamericanos tienen de acuerdo a sus propiasConstituciones que, con algunos matices, definen responsabilidades en materia ambiental. En el caso de Costa Rica, Nicaragua y Panamá́ en la carta magna se reconoce el derecho de la población a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En El Salvador y Guatemala, el Estado tiene el mandato proteger los recursos naturales y asegurar el equilibrio ecológico, mientras que en Honduras se establece que el Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. En síntesis, la promoción del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible se suma a los compromisos y mandatos que Centroamérica debe cumplir.
Dicho cumplimiento no se dará de manera automática, para ello se requiere de la reforma de marcos legales en materia ambiental, para que se retomen los principios de prevención, precaución, participación y el que contamina paga; así como para avanzar en la regulación de los bienes y servicios ambientales. Además, se requiere el fortalecimiento de las instituciones públicas, en especial de las que ejercen la rectoría en materia ambiental, para que sus mandatos tengan y mantengan la prioridad política en relación a otras instancias gubernamentales, con el fin de velar efectivamente por el cumplimiento del marco normativo y para que puedan implementar políticas públicas integrales de carácter ambiental. Desde luego estos esfuerzos deberán ser acompañados por presupuestos públicos que provean los recursos suficientes para su implementación. Finalmente, el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible también implica aunar esfuerzos por reformular y transformar el sistema económico, de uno que se centra en la búsqueda de crecimiento económico a costa de la creación y profundización de desigualdades sociales y degradación ambiental, a uno que reconozca que el crecimiento económico está sujeto a límites eco sistémicos y que la garantía de los derechos y bienestar de la población dependen directamente de la conservación y protecciónambiental.