Esa instancia europea consideró que El Salvador tiene problemas persistentes y estructurales que pueden abordarse “por otros medios, apoyando el desarrollo económico inclusivo y sostenible”; que “hay una oportunidad histórica de avanzar en esa dirección para impulsar una agenda de transición que la Unión Europea comparte y que nosotros podemos apoyar”. “Sería probablemente un momento oportuno para poner fin a estas medidas excepcionales hacia la normalidad”, enfocando perspectivas políticas a largo plazo que pongan énfasis en programas sociales y en la integración, en complemento a las políticas de seguridad. “El estado de derecho y la gobernanza democrática siguen siendo fundamentales para la credibilidad de un Gobierno y de un país, las sociedades civiles son una parte esencial de ese esfuerzo”, enfatizaron los funcionarios europeos.
Hasta agosto, el Régimen de Excepción encarceló a 72,871 personas; 7000 fueron liberadas; se registran 185 fallecidos por violencia o negligencia bajo responsabilidad del Estado, no existiendo procesos de investigación fiscal para deducir responsabilidades. Abundan las denuncias sobre torturas, castigos y abusos. Estas prácticas represivas carecen de políticas integrales, corresponden a un sistema de justicia con motivaciones políticas y marcan un profundo retroceso democrático que ha convertido a este país en cárcel, con la tasa de privados de libertad más alta del mundo: 1665 x 100,000 habitantes.
El Régimen de Excepción está produciendo más víctimas, esta vez a manos de agentes del Estado, que actúan envalentonados como en los peores capítulos de las pasadas dictaduras, llenos de prepotencia y soberbia, desde el mismo presidente Bukele y sus diputados, contagiando a muchos policías y soldados que tratan con desprecio y presumen delincuentes a quienes son y parecen pobres. Es confirmado el acelerado incremento de casos de policías acusados de extorsionar con la amenaza de apresar a gente inocente, amparados en el criterio del director policial, quien publicó: “El policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”.
La PNC informó sobre la captura de cuatro agentes policiales de Cuisnáhuat, Sonsonate, acusados de extorsionar a personas inocentes, con la amenaza de apresarlos bajo falsas acusaciones de pertenecer a grupos criminales de pandillas y liberarlos a cambio de fuertes sumas de dinero. Como éste, hay otros casos descubiertos por sendas investigaciones periodísticas que demuestran la extorsión producida en centros penales, donde autoridades al más alto nivel exigen fuertes sumas de dinero para autorizar la visita de familiares a privados de libertad, prohibidas por el régimen.
En su discurso en cadena nacional el 15 de septiembre, el presidente Bukele afirmó: “La seguridad está bajo control desde hace meses”. Bajo esta confesión, es injustificable realizar las elecciones de 2024 bajo la amenaza y limitaciones que impone el Régimen de Excepción, por la suspensión de garantías constitucionales y coartar libertades fundamentales. Es evidente que el régimen de Excepción se ha convertido en un instrumento de campaña electoral y represión del régimen de Bukele para intimidar a críticos, opositores, medios de comunicación y periodistas independientes, ONG, gremios y organizaciones de la sociedad civil, y sacar ventaja electoral.
Bukele lanza una perversa e intensa campaña de propaganda, un spot de oscuras imágenes, acusando a la oposición de pretender liberar a las pandillas de la cárcel. Busca así atemorizar e incidir en los electores, mientras el Tribunal Supremo Electoral calla ante una evidente campaña electoral sucia, adelantada y financiada con recursos públicos.
Bukele Impone contra reloj su agenda de seguridad, tratando de distraer y diferir hasta después de las elecciones el desastre económico y social, su incapacidad de resolver el bajo crecimiento económico, la exorbitante deuda, la falta de empleo y el alto costo de la vida. ¿Podrá hacerlo?