La débil actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la aplicación de sus capacidades administrativas, facultades de control y sanción reguladas en la legislación electoral, ha confirmado la importancia de las misiones de observación, tanto nacionales como internacionales, para documentar e informar a la ciudadanía sobre factores que menoscaban la integridad del proceso electoral. Uno de esos factores es el uso de recursos públicos para hacer propaganda electoral.
La propaganda electoral es un derecho de los partidos políticos, establecido en los artículos 81 de la Constitución y 172 del Código Electoral, es decir, las diferentes alternativas políticas pueden dar a conocer al electorado su oferta programática y las personas que están aspirando a un cargo de elección popular. Pero este derecho sujeto a ciertas limitaciones, establecidas y desarrolladas en la normativa electoral. Entre esas limitaciones se encuentra el uso de recursos públicos financiados para la promoción de un partido político o una candidatura en específico, lamentablemente, la clase política salvadoreña nunca se ha caracterizado por ser respetuosa de estas prohibiciones, nunca faltan personas candidatas que inauguran obras en tiempos de campaña, que entregan programas de gobierno adornadas con su foto o la de su partido, que usa vehículos con placas nacionales para trasladar personas a sus mítines o que se aprovechan de un cargo en la función pública para acercarse al electorado.
Este fenómeno ha sido documentado por el consorcio Observa El Salvador 2024, quienes en su Informe preelectoral. Elecciones de Concejos Municipales y Parlacen 2024 señalaron de manera preliminar que, entre el 29 de enero y el 23 de febrero del año en curso, se lograron identificar 235 casos de posible uso de recursos públicos en las campañas electorales para gobiernos municipales.
Entre esos 235 casos se encuentran 125 reportes de realización de actividades como eventos deportivos, jaripeos, graduaciones y carnavales, presuntamente financiados con recursos públicos y que tenían como propósito la promoción de partidos políticos y sus candidaturas. En 80 casos se evidenció el uso de redes sociales oficiales/públicas para difundir propaganda electoral partidista, en particular cuentas oficiales de los gobiernos municipales y alcaldes en funciones. En 61 casos se documentó la inauguración o anuncio de obras servicios públicos en como la construcción de parques, canchas, calles, puentes, así como proyectos de agua, electrificación, salud y educación, en períodos expresamente prohibidos por la ley y que buscaban influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. También se reportaron 40 casos en los que se entregaban programas sociales como bolsas de alimentos, paquetes escolares, entrega de insumos agrícolas o dinero en efectivo con fines propagandísticos. En 210 casos de los 235 se promocionó directamente a candidatura y 149 correspondían a personas que buscaban reelegirse. Un dato muy importante contenido en el informe es que la mayoría de los casos, 4 de cada 5 para ser precisa, se vinculan con el partido Nuevas Ideas o sus candidaturas.
La cantidad de casos que pueden ser constitutivos de propaganda electoral con uso de recursos públicos es alarmante, en especial porque son acciones explícitamente prohibidas por la ley, pero además porque ponen en evidencia la persistencia de múltiples prácticas clientelares y de uso de recursos estatales como un factor de desproporción en las condiciones de equidad y competitividad de la contienda electoral, que en esta ocasión ha beneficiado al partido oficial. En el marco del proceso electoral, es indispensable que el TSE ejerza sus funciones, investigue este tipo de señalamientos y aplique las sanciones correspondientes. Al mismo tiempo es urgente que instituciones como la Corte de Cuentas de la República (CCR), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) cumplan efectivamente con sus funciones contraloras y garanticen el uso adecuado de los recursos públicos, más allá del contexto electoral, porque si una persona, como candidata, no respeta la ley difícilmente lo hará en el ejercicio de un cargo público.