El marco legal salvadoreño contempla diversas leyes para proteger a las mujeres contra la violencia laboral. La LEIV, aprobada en 2011, define la violencia laboral como un acto repetido de agresión contra las mujeres en el ámbito laboral. Sin embargo, una reforma en 2019 permitió que un solo acto grave, como una agresión sexual o despido discriminatorio, también se considere violencia laboral.
El Código de Trabajo también regula explícitamente el acoso laboral y sexual, y establece la obligación de los empleadores de evitar cualquier tipo de maltrato. Además, el Código Penal tipifica el acoso sexual y contempla sanciones severas, especialmente cuando el agresor es un superior jerárquico.
Pese a la existencia de leyes, muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias como despidos o un hostigamiento mayor. La dependencia económica y la falta de una protección efectiva ante el despido retaliatorio son factores clave que disuaden las denuncias. A esto se suma la desconfianza en las instituciones y la percepción de que no se tomará en serio la denuncia. La falta de conciencia sobre los derechos laborales y las barreras culturales, donde se normaliza el acoso en entornos machistas, también contribuyen a la baja tasa de denuncias. Además, la ausencia de medidas de protección inmediatas para las denunciantes crea un vacío que fomenta el silencio.
Las mujeres enfrentan un círculo vicioso: temen denunciar por posibles represalias y falta de confianza en la respuesta institucional; pero, al no denunciarse, los agresores quedan impunes y la problemática permanece invisible. Romper este círculo requiere no sólo difundir las vías legales existentes sino fortalecerlas, garantizando a la víctima que no quedará desprotegida al alzar la voz.
Propuestas de reforma
Para abordar estas barreras, se propone la creación de un fuero laboral para las trabajadoras que denuncien violencia laboral. Este fuero impediría el despido injustificado durante la tramitación del caso, garantizando la seguridad laboral de la víctima mientras se investiga.
Asimismo, se propone incorporar medidas cautelares como la separación temporal del agresor del entorno laboral de la víctima, lo cual protegería su integridad mientras se resuelve el conflicto. Además, se sugiere la implementación de incentivos para las empresas que promuevan un ambiente laboral seguro y libre de acoso, tales como la certificación de buenas prácticas de prevención.
Para combatir la violencia laboral contra las mujeres en El Salvador, es crucial mejorar el marco legal actual. Las reformas propuestas, como la creación de un fuero laboral para las denunciantes y la inclusión de medidas cautelares, ayudarían a crear un entorno más seguro para las trabajadoras.
Además, la educación en derechos laborales y una transformación cultural en los centros de trabajo son esenciales para lograr una sociedad libre de violencia y discriminación, tal como lo establece la LEIV. Estas medidas permitirían a las mujeres sentirse protegidas y empoderadas para denunciar las agresiones sin temor a represalias, contribuyendo así a garantizar su derecho a un trabajo digno en un entorno respetuoso y libre de violencia.
• Jaime Solís es experto en Derecho Laboral