En cambio, los hogares salvadoreños recibieron discursos demagógicos e iniciativas carentes de fundamento técnico que supuestamente ayudarían a combatir la corrupción. Sin embargo, detrás de todo esto, lo único que se busca es concentrar el poder y protegerlo ante el creciente descontento de la población debido a la inefectividad de las políticas públicas y la ineptitud de los funcionarios, quienes cada vez muestran su compromiso con la corrupción. El discurso del 1 de junio fue otra oportunidad desperdiciada por la administración Bukele para legitimar sus acciones, más allá de lo que indiquen las encuestas de popularidad.
En una verdadera rendición de cuentas se hubiera esperado que el presidente hiciera al menos un recuento de las políticas públicas implementadas bajo su mandato en el último año, qué resultados se obtuvieron, qué falló y qué se debe cambiar. En el discurso solo se hizo alusión al quehacer público en materia de seguridad y la lucha contra las pandillas, presentándolo como un ejemplo para el mundo, pero sin señalar que es un éxito logrado a costa de la militarización de las tareas de seguridad, un estado permanente de excepción y la violación de los derechos humanos de personas inocentes que incluso han muerto bajo la tutela del Estado.
Ninguna alusión se hizo al incremento del costo de la vida, a los altos niveles de inseguridad alimentaria, al hecho de que cada día las personas siguen migrando de manera irregular para buscar mejores oportunidades fuera del país o a los impactos del deterioro ambiental y climático que ya estamos padeciendo. Tampoco se dijo nada sobre los señalamientos de corrupción que varios funcionarios miembros del partido oficialista tienen, o por qué a un año de finalizar su mandato ninguno de los megaproyectos de inversión ofrecidos en campaña se ha concretado, y mucho menos se abordaron los desafíos fiscales que aún persisten.
En un ejercicio democrático de rendición de cuentas el presidente Bukele hubiera abordado los diferentes desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta el país y sobre todo hubiera presentado las respuestas de política pública que se les dará. Pero quizás esto es mucho pedir para una administración que claramente está peleada con la planificación, una administración que en cuatro años ni siquiera ha sido capaz de terminar de elaborar su plan de gobierno, de presentar un plan económico o por lo menos fiscal, que defina un norte hacia el cual se debe orientar el quehacer de todo el aparato estatal.
Quizás la única claridad que nos deja el 1 de junio es la necesidad de que la ciudadanía siempre debe exigir a sus gobernantes rendir cuentas, sin importar el partido político que representen, y poder evaluar así su desempeño. Pero también que en cualquier evaluación del quehacer público importa tanto lo que los funcionarios deciden de manera intencionada hacer como lo que deciden no hacer, las promesas que cumplen y las que no, las necesidades que atienden y las que no; solo así es posible conocer las prioridades e intereses por los que trabaja una administración presidencial.
Con la “rendición de cuentas” de la semana pasada se evidencia que las prioridades e intereses de la actual administración son meramente electorales y de concentración de poder; tenemos, como siempre, un gobierno para el que ni las necesidades de la población, ni sus derechos, ni su bienestar son prioridad.