Una propuesta electoral debería contener las ideas, políticas y compromisos para abordar los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad salvadoreña y que una candidatura o partido político presenta a los votantes con el objetivo de ganar su apoyo en una elección. Alguien podría argumentar que en El Salvador si hay propuestas, porque obviamente en la campaña no hacen falta los discursos bonitos que hablan de transformar el país, construir un futuro mejor, heredar bienestar a las próximas generaciones, convirtiendo las “propuestas” en una competencia por quien es capaz de describir los mejores cambios para el país. Pero esas no son propuestas, en el mejor de los casos son demagogia.
Una verdadera propuesta electoral debería responder por lo menos a 3 preguntas ¿qué y cómo?, ¿cuánto cuesta?, ¿cómo se financiará? La primera de las respuestas debería implicar que el o la aspirante a ejercer un cargo público tenga claridad de qué medidas de política pública espera impulsar para solucionar algún problema de la población. Es decir que no basta con tener un discurso de más educación, mejor salud o mayores oportunidades de empleo, eso simplemente es tener un eslogan de campaña. El qué de las propuestas también debería dejar claro al electorado cómo se va a lograr y qué metas se esperan lograr, por ejemplo, cuántas escuelas se esperan construir, cuánto personal de salud se contratará o qué inversiones estratégicas se realizarán.
El segundo aspecto que una propuesta electoral debería establecer son los recursos que serán necesarios para cumplir las promesas hechas en campaña. Esto es muy importante, porque ponerse creativos para definir propuestas atractivas para la ciudadanía puede resultar fácil, pero calcular los recursos financieros necesarios para implementar y mantener una determinada iniciativa gubernamental es crucial para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de las respuestas de política pública que se ofrecen a la población a cambio del voto.
Finalmente, y algo que casi siempre ausente en las propuestas que se presentan al electorado es de dónde se van a obtener los recursos para que, una vez en el ejercicio del poder, los funcionarios puedan convertir sus promesas de campaña en realidades para la población. Este elemento es particularmente relevante en un contexto como el salvadoreño con una situación fiscal muy complicada, con ingresos insuficientes y en el que el pago de la deuda pública es insostenible y restringe la cantidad de recursos disponibles para rubros importantes como la inversión social. Debería esperarse que cualquier aspirante a un cargo público sea consiente de los desafíos fiscales que enfrentará si resulta electo y con base en ello presentar ante la ciudadanía propuestas que definan claramente de dónde provendrán los recursos para financiarlas.
El propósito de una campaña electoral debería ser presentar al electorado propuestas que promuevan un ejercicio informado del derecho al sufragio y que, posteriormente, sirvan como instrumento para evaluar el desempeño de quienes resulten electos. Hasta el momento la actual campaña electoral deja mucho que desear, los ataques entre oponentes en nada contribuirán a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la población y solo favorecerán a que el poder público sea ejercido por políticos demagogos que lo utilizarán para beneficiar intereses particulares. Nos toca ciudadanos y ciudadanas exigir propuestas claras que respondan al qué, cómo, cuánto cuestan y cómo se financiarán.